Sanidad propondrá a la Junta de Castilla y León la aprobación de un Decreto Ley de medidas urgentes para incentivar económicamente a los profesionales que trabajen en puestos de difícil cobertura.
Así, se tendrán en cuenta para calificar un puesto como de difícil cobertura la distancia desde el centro de salud al hospital de referencia; el tiempo semanal empleado en los desplazamientos; el grado de dispersión geográfica y los accesos adversos. Según estos criterios, se puntuarán los puestos y se declararán, en su caso –si cuentan con una puntuación igual o superior a siete puntos con los baremos establecidos-, de difícil cobertura.
A través de esta norma se establecen también una serie de medidas incentivadoras, entre las que se incluye el reconocimiento del complemento de garantía asistencial, destinado a remunerar al personal que desempeñe estos puestos, especialmente para las categorías y profesiones con déficit de profesionales. Dicho complemento será de 6.000 euros anuales para los profesionales del grupo A1; de 1.300 euros anuales para los pertenecientes al grupo A2 y de 300 euros anuales para las categorías C1 y C2, así como para otras agrupaciones profesionales.
Otras medidas son la flexibilización del horario; la disponibilidad en los llamamientos temporales de interinidad en las bolsas de empleo temporal, siempre que el profesional lleve más de un año desempeñando dicho puesto; la valoración como mérito en la carrera profesional, considerándose como cooperación con el Servicio de Salud; la prioridad en la participación en las actividades de formación, y la prioridad de los centros e instituciones sanitarias a los que estén adscritos puestos de difícil cobertura en los proyectos piloto o de investigación.
Por otro lado, se implementarán medidas en materia de fidelización de los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria. Con esta medida se mantiene además el vínculo con los especialistas que han finalizado su residencia y desean formar parte de la sanidad de Castilla y León, con un vínculo más prolongado en el tiempo y en esas situaciones en las que la cobertura asistencial se hace más necesaria.
Así pues, con carácter excepcional, durante los años 2019 y 2020 se podrán realizar anualmente nombramientos eventuales a todos los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria que hayan finalizado su residencia en los tres años anteriores a la fecha del nombramiento por un periodo de dos años prorrogable, en su caso, por un año más. Posteriormente, se realizará un estudio y valoración sobre si procede la creación de una plaza en la plantilla orgánica.
Por último, el título IV recoge medidas de puesta en marcha de servicios de transporte a la demanda en los casos en los que fuera preciso para poder ofrecer la cobertura asistencial oportuna en aquellos supuestos en los que no fuera posible hacerlo en los consultorios locales por carencia de profesionales. Se modifica para ello la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Catilla y león, añadiendo en la misma una Disposición adicional única que regula esta materia.
Con esta medida se posibilita el desplazamiento del usuario al centro de salud o a otro consultorio de la Zona Básica de Salud mediante un transporte a demanda que resultará gratuito para el usuario.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha destacado durante la rueda de prensa en la que ha informado sobre este Decreto Ley que estas medidas complementan a otras ya adoptadas en previsión del problema de déficit de especialistas. Entre ellas destaca la prolongación en el servicio activo de todos los profesionales que lo solicitan una vez cumplida su edad de jubilación, que en los últimos años ha permitido mantener su actividad al 30 % de los médicos de familia y pediatras que cumplieron 65 años. También la habilitación para la contratación de especialistas que no cuenten con el requisito de nacionalidad. La Ley de Medidas de 2017 permitió superar una situación que no permitía que los médicos que terminaban su especialidad no podían trabajar en Castilla y León por no cumplir el requisito de la nacionalidad española. Así, en 2018 se han incorporado a Sacyl 50 nuevos especialistas extracomunitarios, de ellos 20 de medicina familiar y comunitaria.
Más médicos por habitante
Tras repasar las medidas adoptadas en los últimos años y las previsiones contenidas en el Decreto Ley, el consejero ha recordado que el problema del déficit de profesionales no está vinculado a las medidas de contención del gasto público ni a los recortes. “El problema es la disponibilidad de profesionales que afecta al conjunto de comunidades autónomas, no solo a Castilla y León. De hecho, todas las plazas de Atención Primaria tienen la correspondiente dotación presupuestaria”.
Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad ponen de manifiesto que Castilla y León continúa siendo la comunidad con mayor dotación de médicos de familia: 119,4 por 100.000 habitantes, frente a 84,5 en el conjunto nacional. También que de todos los médicos especialistas el 36 % trabajan como médicos de familia de Atención Primaria, mientras que en España es el 31 %. Un mayor esfuerzo en Atención Primaria que se pone de manifiesto, también, al analizar los datos del gasto sanitario público: en Castilla y León el 15,6 % del gasto se destina a Atención Primaria, mientras en el SNS esta cifra es del 14,3 %.
Finalmente, Sáez ha recordado que se mantienen a buen ritmo las reuniones de los Grupos de Trabajo constituidos con sindicatos, sociedades científicas, plataformas, entidades sociales y grupos parlamentarios para la elaboración de un documento de consenso social, político y profesional sobre el futuro de la Atención Primaria.
