La ampliación del toque de queda a las 20.00 horas, medida adoptada por Castilla y León desde el pasado 16 de enero, y que también han solicitado al Gobierno otras comunidades autónomas, ha vuelto a ser rechazada por el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial celebrado en la tarde de este jueves.
Carolina Darias, que se estrenaba al frente de la cartera de Sanidad tras la dimisión de Salvador Illa -quien será el candidato socialista a las elecciones catalanas-, mantiene la postura de su predecesor y no modificará el decreto de estado de alarma para que los gobiernos regionales puedan ampliar el toque de queda a las 20.00 horas. Desde la institución nacional sostienen, como ya hicieran hace una semana, que el actual estado de alarma ya dispone de las herramientas suficientes para contener la expansión de la pandemia.
De esta manera, habrá que esperar a la resolución del Tribunal Supremo sobre si el adelantamiento del toque de queda implementado por la Junta de Castilla y León vulnera o no el actual estado de alarma. En caso de que los magistrados consideren que así es, la medida adoptada por Castilla y León podría suspenderse y el deber de permanecer en casa volvería al horario anterior: entre las 22.00 horas y las 6.00 horas. Mañana finaliza el plazo que el TS dio a la Junta para presentar alegaciones.
La Junta se muestra "decepcionada" con la decisión adoptada por el Gobierno
Por su parte, Junta de Castilla y León valora como decepcionante la nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que el Ministerio de Sanidad, nuevamente, ha rechazado la petición de la mayoría de las comunidades autónomas españolas en el sentido de avanzar en una cogobernanza real y efectiva, no meramente terminológica, facilitando nuevos recursos normativos con lo que hacer frente a la situación pandémica por la COVID-19.
En esta reunión, nuevamente Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta han demandado la imprescindible necesidad de articular herramientas jurídicas válidas con las que abordar aspectos no cubiertos por el actual Real Decreto 926/2020 sobre el Estado de Alarma en vigor y, más concretamente, en lo referido a confinamientos selectivos y a la ampliación de los horarios del toque de queda.
La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado Vicente, durante su intervención, ha señalado "la necesidad de que las autoridades sanitarias autonómicas dispongan de mecanismos suficientes y legales con los que afrontar nuevas ondas pandémicas, no sólo la actual, habida cuenta la ralentización evidente por los problemas de suministro de la estrategia nacional de vacunación frente a la COVID-19".
La opción a poder confinar cuando los criterios epidemiológicos y asistencial así lo indiquen, junto con la modulación ampliable de horarios de toque de queda, han sido aspectos puestos sobre la mesa por varias CC.AA., entre ellas Castilla y León.
La consejera Casado ha señalado que, "en el caso de no existir voluntad del Estado al respecto de confinamientos y ampliación de la limitación de la circulación ciudadana, se habilite a las autonomías con opciones para ello, dotándolas de las herramientas legales que den cobertura jurídica a sus decisiones y apoyadas, además, en ayudas a los sectores económicos más afectados por esta situaciones limitativas, como son la hostelería y el turismo".
En lo referido a la estrategia nacional de vacunación y su traslación a las comunidades autónomas, la Junta de Castilla y León ha traslado su preocupación por la falta de dosis tal y como había sido planificada su disponibilidad, situación que no sólo conlleva un descenso actual del ritmo de inoculaciones entre los grupos prioritarios previstos, sino que "genera una falta de certezas que complica enormemente la planificación de próximos pasos y la definición de grupos poblacionales siguientes a vacunar".
También Verónica Casado ha trasladado otros temas de actualidad en la evolución pandémica, como la necesidad de un soporte jurídico que permita que nuevamente personal sanitario jubilado pueda reincorporarse al ámbito asistencial en tan complicada situación; conocer la postura ministerial sobre la necesidad de aumentar el nivel exigible para las mascarillas de protección en determinados ámbitos y actividades; el incremento de plazas para la formación sanitaria especializada; la presencialidad universitaria en los exámenes; la agilización en la homologación de títulos de Ciencias de la Salud de profesionales extra comunitarios; o la evolución de la aplicación ‘Radar COVID’, entre otros asuntos.
Al respecto de este último punto, la consejera de Sanidad castellana y leonesa ha informado de que desde su puesta en marcha, a finales de agosto del año pasado, la Comunidad ha enviado 104.511 códigos, recibiéndose únicamente 32.703 llamadas por recepción de esa alerta, menos de un tercio, lo que pone de manifiesto una escasa efectividad de la misma; es por ello necesaria potenciar su conocimiento y uso, pero sin que conlleve en absoluto la reducción en la labor de rastreo de casos.
