Según explica UGT "hace más de 20 años que no se construyen residencias públicas en Castilla y León. A cambio, la Junta concierta plazas con las residencias privadas a cambio de un presupuesto asociado por plaza y por año. Esas plazas garantizan el acceso público de las personas mayores de nuestra comunidad a los servicios de dependencia. Y, aunque desde la federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León llevamos años defendiendo una gestión 100% pública, la JCyL continúa apostando por una gestión mixta y priorizando a las empresas privadas. De hecho, este año, ha aumentado un 8% el nº de plazas y, por tanto, la financiación de las mismas aduciendo tres causas principales: la subida del precio del carburante y del transporte, la subida de los precios de la alimentación y la subida de los salarios".
Sin embargo, tal y como denuncian desde UGT, "las tres principales patronales del sector llevan tiempo bloqueando la negociación del convenio y han intentado por todos los medios no subir los salarios a los empleados. No obstante, el sindicato llevó el asunto a los tribunales y una sentencia de la Audiencia Nacional obliga a estas empresas a acometer la subida salarial del 6,5% a estos trabajadores. Aun así, una de estas tres patronales sigue negándose a subir los salarios hasta que la sentencia sea firme en el Tribunal Supremo. Por eso, desde la organización sindical reclaman a la Junta que obligue a las empresas con las que tienen concertadas las plazas y a las que ha aumentado el presupuesto a subir los salarios de sus empleados de manera obligada antes de renovar contratos o aumentar su financiación".
Cabe recordar, como aseguran desde UGT, que “este sector está muy feminizado. Muchas de las labores son realizadas, además, por mujeres migrantes que tienen miedo a denunciar las condiciones de trabajo que padecen por las posibles rescisiones de contrato y sus consecuencias”. Para atajar esta situación, es imprescindible llevar a cabo inspecciones de trabajo suficientes que garanticen unas condiciones dignas para las empleadas. De igual manera, también es preciso que las personas contratadas tengan la formación y experiencia suficientes puesto que, tal y como ha indicado Victoria Zumalacárregui, secretaria de políticas sociales e Igualdad de UGT Castilla y León, “si nuestros mayores no están atendidos por profesionales, no estarán bien atendidos”.
Para rematar, Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, ha sentenciado que, “si los servicios para dependientes de Castilla y León se encuentran entre los mejores del país, no quiero ni imaginar cómo están las demás comunidades, porque aquí no estamos nada bien”.
