Ante los sucesivos incidentes que se han producido estas últimas semanas en las prisiones españolas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) urge al Gobierno a aprobar la legislación necesaria que reconozca a los trabajadores penitenciario como agentes de autoridad, para que las agresiones que sufren sean considerados atentado a la autoridad, y no acaben como sanciones administrativas.
Así lo han exigido esta mañana los delegados de prisiones de CSIF de todas las cárceles de Castilla y León, entre ellas la salmantina de Topas, en la concentración celebrada este mediodía ante la Subdelegación del Gobierno de Valladolid, para denunciar las últimas agresiones y la inseguridad que sufren los funcionarios de prisiones. Ha sido una acción convocada junto a Acaip-UGT, en todas las provincias con centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
El responsable nacional de Prisiones de CSIF, Jorge Vilas, ha alertado de la gravedad de las últimas agresiones a funcionarios de centros penitenciarios, como la sufrida el pasado sábado en Logroño, en la que una funcionaria recibió varios golpes de una interna y ha perdido dos piezas dentales.
Ha reclamado también el cumplimiento y desarrollo del Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones (PEAFA) en las prisiones; así como la aprobación -de manera consensuada con los sindicatos- de la ley de la función pública peniteciaria, “que es del año 1979, ha quedado completamente desfasada y no sirve. No reúne las condiciones para afrontar los retos y problemas penitenciarios del siglo XXI”.
CSIF recuerda que en los centros penitenciarios de la Comunidad se producen más de 50 agresiones al año, si bien los incidentes son más numerosos, ya que muchos no se contabilizan por no existir denuncias o partes médicos.
La falta de personal es otro de los problemas que viene denunciando CSIF, puesto que las vacantes superan los 600 puestos en la Castilla y León, que en el conjunto de España suman unos 4.100. La carencia de médicos y de otros profesionales, como psicólogos, educadores, asistentes sociales o juristas, agravan las deficiencias en la gestión en las cárceles y en la atención y tratamiento a los internos, añade el sindicato independiente.
En algunas de las últimas agresiones, se da la circunstancia de que hay informes previos de los trabajadores penitenciarios que advertían de la peligrosidad de los internos agresores, y que incluso proponían la regresión a grados de clasificación con regímenes más restrictivos, dice CSIF. Peticiones a las que no se ha hecho caso, poniéndose en riesgo la integridad física de los trabajadores de las prisiones.
Los delegados de prisiones de CSIF en Castilla y León se han reunido en Valladolid con el responsable nacional Jorge Vilas, este miércoles, para analizar la “crítica” situación en la que se encuentran las prisiones de Castilla y León y del conjunto de España. Asimismo, se ha lamentado la paralización de la negociación de las demandas de los trabajadores de los centros penitenciarios, como son la equiparación e incremento retributivo, el encuadramiento en el grupo B de TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) o la formación
CSIF y Acaip-UGT exigen el cese inmediato del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ante la situación insostenible que sufre el personal de prisiones y su nula capacidad para gestionar las deficiencias actuales, y los últimos episodios graves de violencia en las cárceles españolas.
Ambos sindicatos recuerdan que cada 36 horas se produce una nueva agresión en prisiones de todo el país, “lo que supone un claro ejemplo de la dejadez de la Administración y pone al descubierto la escasez actual de medios humanos y materiales”.
