El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado al Congreso una reforma de la Ley General de Subvenciones para impedir que las empresas que incumplan la obligación legal de reserva de empleo para personas con discapacidad o que hayan sido sancionadas por discriminación puedan beneficiarse de ayudas públicas.
La propuesta se enmarca en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley destinada a reforzar la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través del cumplimiento efectivo de la cuota de reserva de empleo. Según la entidad, el acceso a cualquier subvención debería estar condicionado al cumplimiento “estricto y previo” de esta normativa.
En la práctica, el cambio mantendría las actuales causas de exclusión ya previstas en la ley —como condenas por corrupción, malversación, fraude, delitos urbanísticos o vulneraciones de derechos fundamentales—, pero añadiría nuevas restricciones. Entre ellas, sanciones administrativas muy graves relacionadas con actos de discriminación, acoso, incumplimiento de la cuota legal de empleo o vulneraciones en materia de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal.
El CERMI defiende que esta modificación es esencial para garantizar que los recursos públicos no terminen beneficiando a empresas que, en sus prácticas, atentan contra los derechos humanos de las personas con discapacidad. “El acceso a ayudas públicas debe estar reservado a quienes respetan la ley y promueven la inclusión. No puede premiarse con fondos públicos a quienes discriminan o incumplen sus obligaciones sociales”, subrayó la organización.
