El Ejecutivo central ha impuesto sanciones por un importe superior a los 465 millones de euros a operadores de juego online ilegal a lo largo de los últimos cinco años. Sin embargo, la propia Administración ha admitido que no ha ingresado cantidad alguna de este montante, permaneciendo la totalidad de la deuda pendiente de cobro.
Esta situación ha salido a la luz a raíz de una respuesta parlamentaria escrita remitida al Partido Popular (PP), en la que el Gobierno detalla la evolución y el desglose de las multas tramitadas por la Administración General del Estado. Según los datos facilitados, la cuantía de las sanciones ascendió a 128,4 millones de euros en 2022; 150 millones en 2023; 96 millones en 2024; 51 millones en 2025 y 40 millones de euros en 2026.
Desde la Administración se explica que la imposibilidad de ejecutar el cobro responde al carácter transfronterizo del juego online no regulado. Gran parte de las empresas infractoras tienen su domicilio social en jurisdicciones no colaborativas y operan a través de estructuras societarias opacas. Al carecer de establecimiento físico en España y emplear marcas, dominios, pasarelas de pago y proveedores tecnológicos fácilmente sustituibles, la labor de investigación queda limitada a fuentes abiertas y se impide la vía recaudatoria.
Ante este escenario, el Gobierno defiende que el éxito de la regulación no debe medirse por la recaudación efectiva de las sanciones, sino por la capacidad del Estado para interceptar, bloquear y desincentivar la oferta no autorizada. De este modo, la prioridad sancionadora reside en la protección de los usuarios y del mercado regulado, apoyándose en herramientas como el bloqueo de dominios, la restricción de pasarelas de pago, la retirada de visibilidad en buscadores y redes, y la inhabilitación de estas firmas para operar legalmente en el futuro.
