El Consejo de Ministros ha dado este martes un paso decisivo contra la especulación en la reventa de entradas al aprobar, en primera vuelta, el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, prohibirá de forma explícita el aumento del precio en la reventa de entradas más allá de la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde la compra inicial.
El ministro Pablo Bustinduy ha comparecido ante los medios para detallar las implicaciones de esta iniciativa, que busca "atacar los incentivos económicos" detrás de una práctica considerada "abusiva y especulativa". Bustinduy ha señalado que la reventa con precios desorbitados "no aporta ningún valor a la industria cultural, pero sí hace que se establezcan barreras de clase para el acceso y el disfrute de la cultura".
La medida surge de la constatación de un problema persistente: entradas que "desaparecen" de las plataformas de venta oficiales para reaparecer en portales de reventa al doble o triple de su precio original. Según el ministro, esta situación se produce a menudo mediante el uso de bots, programas diseñados para la compra masiva de entradas. Aunque la utilización de bots ya está prohibida por la Ley de Competencia Desleal (artículo 27.6), la nueva ley busca reforzar la efectividad de la prohibición atacando directamente el lucro de estas operaciones.
Sanciones y bloqueo de webs
El anteproyecto de ley modifica el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, estableciendo que cualquier reventa de entradas con un incremento de precio superior al IPC será considerada una actividad ilícita. Esto facultará al Ministerio de Consumo para actuar de manera similar a como lo hace con los pisos turísticos ilegales, pudiendo imponer sanciones y bloquear las páginas web que se dediquen a esta práctica.
Bustinduy ha enfatizado que la prohibición actual de los bots no está siendo suficiente debido a los "grandes incentivos económicos" que genera esta reventa por parte de las empresas. La nueva ley busca eliminar esos incentivos, haciendo inviable la compra masiva para la especulación posterior.
Un mercado en crecimiento que se busca regular
La iniciativa española se alinea con normativas ya existentes en otros países europeos como Bélgica y Francia, donde también se persigue la reventa especulativa de entradas. La ley belga, por ejemplo, prohíbe la reventa habitual y la reventa ocasional por encima del precio original sin autorización, mientras que la normativa francesa penaliza la reventa habitual sin el consentimiento del organizador.
La necesidad de esta regulación se subraya con las proyecciones del mercado de reventa de entradas en Europa, que se estima alcance los 7.769 millones de euros para 2030, partiendo de 1.817 millones en 2024, según Verified Market Research. En España, se calcula que el valor de este sector pasará de 322 millones en 2024 a 932,3 millones de euros anuales en 2030, lo que demuestra la magnitud del problema al que busca hacer frente esta nueva ley.
