La Comisión Europea ha dado un giro inesperado en su estrategia climática al proponer este martes la retirada del veto total a la comercialización de vehículos de combustión para el año 2035. En su lugar, el Ejecutivo comunitario plantea permitir una producción "limitada" de estos automóviles, estableciendo un techo equivalente al 10% de las emisiones de CO2 registradas en 2021. Esta decisión supone un triunfo para las tesis de Alemania y las exigencias de la industria, pero deja en una posición de debilidad a países como España y Francia, que habían liderado las llamadas para mantener intactos los objetivos de descarbonización pactados originalmente.
La oferta de Bruselas, que ahora inicia su fase de negociación en el Consejo y el Parlamento Europeo, no es gratuita para los fabricantes. Según han recalcado fuentes comunitarias, ese margen del 10% deberá ser "compensado completamente" mediante un sistema de créditos vinculados al uso de tecnologías sostenibles. Entre las condiciones impuestas destaca la obligación de utilizar "acero verde" producido íntegramente en la Unión Europea o el recurso a biocombustibles, tratando así de equilibrar la flexibilidad industrial con las metas ambientales de la región.
Pese a la relajación de la norma, la Comisión insiste en que el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 sigue siendo innegociable. Bajo este nuevo esquema, los fabricantes deberán cumplir en 2035 con una reducción del 90% de las emisiones totales de su flota. Bruselas argumenta que este pequeño margen permitirá que los vehículos eléctricos y de hidrógeno convivan con modelos híbridos enchufables, híbridos suaves y motores de combustión interna, atendiendo así a la demanda de un sector que se siente amenazado por la competencia externa.
El paquete de medidas, definido por el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, como un "salvavidas" para el sector, incluye también un fuerte componente económico. La jefa del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, ha confirmado una partida de 1.800 millones de euros para impulsar una cadena de valor de baterías producida totalmente en la UE. Con este plan, que también contempla la simplificación de trámites burocráticos y nuevas obligaciones para que las grandes empresas adquieran flotas de cero emisiones, la Comisión busca evitar que la industria automovilística europea pase a ser "parte del patrimonio" y se mantenga como un motor industrial competitivo.
