Castilla y León contará, en un plazo de tres meses, con acceso al Portal Registral de Emergencias del Colegio de Registradores de la Propiedad (Corpme), una innovadora herramienta que proporciona información sobre las fincas afectadas por emergencias como incendios, inundaciones u otras catástrofes naturales. Este avance permitirá una mejor gestión de ayudas y subvenciones, tal y como se evidenció en situaciones recientes como la DANA de Valencia, la erupción del volcán de La Palma en 2021 o diversos incendios forestales en la Comunidad Autónoma. En este sentido, el decano del Colegio de Registradores, Rafael Palencia, expresó su esperanza de que "ojalá esta herramienta no la utilicemos nunca".
La firma de un convenio entre el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y representantes del Colegio de Registradores, establece una colaboración clave para integrar servicios de bases gráficas. Este acuerdo optimizará el acceso a información crítica sobre ordenación del territorio, urbanismo y propiedad inmobiliaria, mejorando la transparencia y la eficiencia del servicio al ciudadano. Según explicó Suárez-Quiñones, esta colaboración supone un paso importante para Castilla y León, al situarse a la vanguardia en la interoperabilidad de datos geográficos y registrales.
El convenio también contempla la integración del Código Registral Único (CRU), considerado el "carné de identidad" de cada propiedad inmobiliaria, en el Sistema de Información Urbanística de Castilla y León (SIUCyL), facilitando la consulta de información urbanística, catastral y registral desde un único visor cartográfico. Este avance permitirá aumentar la transparencia en la gestión del territorio, promoviendo la seguridad jurídica, mejorando las transacciones y, por ende, impulsando la actividad económica y el bienestar social.
Por otro lado, el acuerdo también permitirá el intercambio de información sobre afecciones medioambientales, montes, infraestructuras o dominios públicos que puedan afectar a las fincas, proporcionando mayor seguridad jurídica y transparencia en la gestión de los derechos del ciudadano. Además, se incluirá información sobre disciplina urbanística, como los procedimientos sancionadores por infracción urbanística.
Una comisión mixta se encargará de evaluar anualmente el desarrollo de esta colaboración, analizando los posibles problemas técnicos que puedan surgir. Este proyecto, impulsado por el anterior decano Alfonso Candau, se enmarca en el contexto del décimo aniversario de la reforma hipotecaria de 2015, que permitió la incorporación de la georreferenciación de las fincas, abriendo la puerta a una mayor interoperabilidad de los datos del Registro de la Propiedad con otros sistemas, como los que la Junta de Castilla y León proporcionará a través de este convenio.
