El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aprobó hoy el real decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5.000), gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y enmarcado en los objetivos de la Componente 2, Inversión 4, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El programa cuenta con un presupuesto inicial de 75 millones de euros procedentes de los fondos europeos, que podrá ser ampliado siempre que exista disponibilidad presupuestaria y hasta que expire su vigencia en noviembre de 2022. Castilla y León será la autonomía más beneficiada del reparto, ya que recibirá 16.417.500 euros, casi el doble que Cataluña, que aparece en segundo lugar con 8.673.750 euros.
El objetivo del programa es incentivar la transición energética y el cambio hacia la movilidad sostenible de los pequeños municipios, que tienen más dificultades para acometer grandes inversiones, mediante proyectos singulares de energía limpia. Así, se subvencionarán proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, de fomento de las inversiones verdes (en particular del autoconsumo), o de infraestructuras de recarga e impulso del vehículo eléctrico, entre otros.
El plan está dirigido a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consejos insulares, consejos comarcales, cabildos y otras entidades públicas con ámbito de actuación en municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no urbanos de hasta 20.000, en los que sus núcleos de población tengan hasta 5.000 habitantes, que presenten proyectos con una inversión mínima de 40.000 euros.
Las ayudas subvencionarán el 85 por ciento de la inversión y el cien por cien en el caso de que tengan la consideración de “proyectos integrales” por su significativo impacto en la transición energética en el municipio. Se podrán solicitar a partir de los tres meses de la publicación en el BOE del real decreto y durante un periodo de un año, a través de la sede electrónica de IDAE.
Para la distribución de los 75 millones de euros entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla se han tenido en cuenta dos criterios: el número de municipios de reto demográfico y su población en cada autonomía.
Desde el Ejecutivo central, en un comunciado recogido por Ical señalan que la transición ecológica, así como la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, son dos de los cuatro ejes que orientan las diez políticas palanca del PRTR en su componente 2, Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
El compromiso con el reto demográfico atiende a datos objetivos. El fenómeno de la despoblación se aprecia a escala municipal y es eminentemente rural: de los 8.131 municipios españoles, tres cuartas partes pierden población. En España hay 6.827 municipios con menos de 5.000 habitantes que concentran a 5,69 millones de personas, el 12 por ciento de la población total española, según datos del censo de 1 de enero de 2020.
En la última década han perdido población ocho de cada diez de estos municipios, de manera que, en conjunto, tienen 410.000 personas menos que hace diez años. En municipios de menos de 1.000 habitantes, el fenómeno es más agudo y la despoblación llega al 86 por ciento.
Para revertir esta tendencia, en el marco del PRTR se pretende impulsar proyectos, actuaciones y estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos entornos, mejorar sus conexiones y accesibilidad, así como propiciar ecosistemas favorables para la creación de oportunidades laborales que puedan, por tanto, atraer a nueva población.
Al margen de los beneficios medioambientales, la mejora de los servicios y de las instalaciones de estos municipios, así como la activación de inversiones en ahorro y eficiencia energética, pueden llevar asociados beneficios adicionales que hagan más atractiva la residencia en ellos o la instalación de pequeños negocios.
Asimismo, las medidas de movilidad son un vector para la potenciación económica de zonas en riesgo de despoblación al hacerlas más accesibles a núcleos que concentran los servicios públicos, mientras que el hecho de facilitar desplazamientos entre distintos núcleos poblacionales incide de manera positiva en el turismo, especialmente rural o de interior.
