El Consejo de Gobierno extraordinario de Castilla y León, celebrado este miércoles, ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para los municipios afectados por los incendios forestales registrados durante los meses de verano de 2025. La petición parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Durante este verano, la Agencia de Protección Civil y Emergencias activó varias alertas por meteorología adversa debido a las altas temperaturas persistentes en todas las provincias de la Comunidad. Desde el 1 de agosto, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal declaró la situación de alerta por riesgo extremo de incendios, y desde entonces, numerosos fuegos han arrasado grandes superficies del territorio autonómico.
Entre julio y agosto, se activaron diferentes fases del Plan INFOCAL (Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales), tras coincidir múltiples incendios de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y 2. Estos incendios representaban una amenaza seria para la población y bienes no forestales, lo que obligó a desplegar recursos extraordinarios y adoptar medidas de protección urgentes.
La situación se agravó el 12 de agosto, cuando se declaró el nivel operativo 2(b) del INFOCAL, al producirse simultáneamente varios incendios de especial gravedad (IGR-2) en distintas provincias. Esta declaración trasladó la dirección operativa al Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico (CECOPIA), compuesto por representantes del Gobierno autonómico y la Delegación del Gobierno en la Comunidad, junto con autoridades provinciales.
Consecuencias humanas y materiales
Algunos de estos incendios han tenido consecuencias especialmente graves: se han registrado víctimas mortales, heridos con quemaduras graves y más de 8.000 personas han sido evacuadas de sus hogares. A ello se suman los daños en viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, infraestructuras municipales, redes de comunicación y recursos naturales, incluyendo acuíferos contaminados.
También se han visto perjudicadas numerosas pequeñas empresas, muchas de ellas vinculadas al turismo rural, y se han producido importantes pérdidas medioambientales y económicas. Las corporaciones locales han tenido que asumir gastos urgentes para hacer frente a la situación, por lo que se solicita su compensación.
Solicitud de ayuda estatal
En base a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, la Junta considera que estos municipios cumplen con los criterios de catástrofe, al verse superados por la magnitud de la emergencia. La declaración solicitada permitirá activar medidas estatales de apoyo y recuperación, que deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros.
Aunque los daños todavía no pueden cuantificarse con precisión, el Ejecutivo autonómico considera imprescindible la intervención del Estado para reparar los efectos del desastre y apoyar a las comunidades afectadas.
