A continuación se ofrece el comunicado íntegro emitido por los grupos en el gobierno:
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en relación a las afirmaciones realizadas por el Grupo Municipal Popular al respecto de la revisión de los valores catastrales prevista para los próximos ejercicios, desea realizar las siguientes consideraciones.
En primer lugar, este equipo de gobierno quiere reiterar que la decisión de solicitar a la Dirección General del Catastro la revisión colectiva de los valores catastrales tiene su base en la propia Ley General del Catastro y en las conversaciones con la Gerencia del Castastro. Concretamente, el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario señala lo siguiente:
3. El procedimiento de valoración colectiva podrá ser:
a) De carácter general, cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores total. Este procedimiento, en el que se observarán las directrices que se establezcan para garantizar la coordinación nacional de valores, sólo podrá iniciarse una vez transcurridos, al menos, cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y se realizará, en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha fecha.
Hay que recordar que la última revisión de los valores catastrales se realizó en Ciudad Rodrigo en el año 1995, entrando en vigor en el año 1996. Han pasado, por tanto, 20 años desde su ejecución cuando la propia ley marca que a partir de los 10 habrá que realizar este procedimiento.
Esta noticia, además, no es nueva, ya que su posibilidad fue anunciada por el Alcalde el pasado mes de septiembre, durante la presentación de la propuesta de ordenanzas fiscales de 2016.
En segundo lugar, hay que recalcar que tanto el Interventor Municipal en representación de los servicios técnicos municipales como el equipo de gobierno señalaron en la Comisión de Economía y Hacienda que la revisión catastral no necesariamente ha de suponer un aumento de la recaudación del IBI por parte del Ayuntamiento. El impuesto se calcula en función de dos variables. La primera, la base imponible (valor catastral de los inmuebles) que es propuesto por el propio Catastro y, por otro, el tipo impositivo que es marcado por el Ayuntamiento en los márgenes de los mínimos y máximos que establece la Ley de Haciendas Locales. El equipo de gobierno manifiesta de nuevo que, una vez realizada la revisión de los valores catastrales, el tipo podrá modificarse si hay diferencias sustanciales con relación a los actuales. Este criterio no ha cambiado en absoluto.
Lo cierto es que la revisión de los valores catastrales hará que éstos sean acordes a la realidad del mercado inmobiliario de manera que se cumpla ese principio de justicia fiscal que dice ?que pague más quien más tiene?. El hecho de que hayan pasado 20 años sin ejecutar la revisión de los valores catastrales supone que existan importantes diferencias en el Impuesto de Bienes Inmuebles derivadas de la evolución del precio del suelo. Esta revisión catastral pretende aplicar una mayor justicia en esta distribución de la carga fiscal entre los ciudadanos, buscando que cada cual pague en función del valor de sus propiedades, con una valoración actualizada, real y acorde al mercado actual. La propuesta del Partido Popular de que ?se suspenda la revisión catastral? debería venir acompañada, a nuestro juicio, de un plazo alternativo que tenga en cuenta que este Ayuntamiento ya ha dilatad en 10 años por encima de la ley la realización periódica de este trámite. ¿O es que acaso el Partido Popular pretende que no se realice nunca?
En todo caso, al Partido Popular se le supone lo suficientemente informado sobre las consecuencias de una revisión catastral (que no es otra cosa que un acto establecido por la ley) así como de las posibilidades de modificación del tipo, bonificaciones, tipos reducidos así como la aplicación progresiva (a lo largo de 10 años) de los nuevos valores. Todo ello está regulado por la ley y disponen de acceso total para el asesoramiento de los servicios técnicos municipales en materia económica para explicar con detalle lo que supone este procedimiento que, por otro lado, realiza la Gerencia del Catastro una vez solicitado por el Ayuntamiento.
Por todo ello sorprende sobremanera el cambio de posición del Partido Popular. Debemos recordar, porque así consta en las actas, que los representantes del Grupo Municipal Popular acudieron a la Comisión Informativa de Hacienda realizando diferentes preguntas y solicitando información al respecto de estas cuestiones. Tanto los servicios técnicos como el equipo de gobierno explicaron detalladamente todos estos elementos. A raíz de dichas explicaciones, el Partido Popular votó a favor de esta cuestión. Posteriormente el asunto fue tratado en la Junta de Gobierno Local en una reunión en la que acudió el portavoz de este grupo, Marcos Iglesias, que ni siquiera intervino en el debate del punto en cuestión para solicitar mayores explicaciones o aclaraciones técnicas.
Teniendo esto en cuenta, este equipo de gobierno pide al Grupo Popular un mayor rigor y seriedad a la hora de estudiar los asuntos y expedientes municipales. En todo caso, a la vista de su forma de actuar queda siempre la duda de si son los propios concejales populares los que toman las decisiones en relación a su posición pública sobre los temas o dichos pronunciamientos se hacen en función de lo que se presuponga en las páginas de los diarios provinciales u otras influencias que desconocemos.
