El Ayuntamiento de Doñinos celebró este lunes por la tarde un pleno que generó una fuerte controversia en el municipio. En el orden del día se incluyó la "Aprobación provisional de la Modificación puntual número 8 de las Normas Urbanísticas Municipales", un punto clave que buscaba legalizar la situación de la actual planta de grasas de Servcor Logistic (antiguo Grupo Corral) y aprobar la parcela para la futura instalación de una planta de biometano. Previamente al pleno, la Plataforma Cuidamos Villamayor se concentró a las puertas del Consistorio para mostrar su desacuerdo, lo que forzó que la iniciativa se dejase sobre la mesa y no se aprobara.
Según la Plataforma, la modificación urbanística pretendía dar un "carpetazo a las irregularidades" realizadas por parte de Servcor Logistic. La empresa, ubicada junto al puente Gudino, había estado supuestamente incumpliendo las normas y realizando múltiples obras sin licencia. Un ejemplo de ello, según Cuidamos Villamayor, fue el Decreto de Alcaldía número 35, del 30 de enero de 2025, que, a su juicio, legalizaba parte de estas ilegalidades. Ante esta situación, la Plataforma anunció que presentaría hoy una demanda ante el juzgado, solicitando la paralización de la actividad y la adopción de medidas cautelares.
La Plataforma Cuidamos Villamayor criticó duramente la inacción de las autoridades. Señalaron que esta paralización debería haber sido realizada por el Delegado Territorial cuando se solicitó en septiembre de 2024, siguiendo las recomendaciones de la Resolución 134/2023 del Procurador del Común. Además, denunciaron que, casi un año después de las promesas de solución, la situación persistía y los episodios de olor y molestias a los vecinos continuaban.
Desde que la Plataforma entró en contacto con el Ayuntamiento de Doñinos, especialmente a partir de febrero, se habían elaborado informes técnicos desfavorables a las obras presentadas por Servcor Logistic. Estos informes detallaban que la parcela donde se ubicaba la fábrica estaba fuera de planeamiento y afectada por la ley de Cauces. La Plataforma lamentó que, a pesar de estas irregularidades documentadas en un informe de casi 300 páginas, el Ayuntamiento pretendiera ahora legalizar la situación y que el próximo trámite fuera presentarlo a la Junta de Castilla y León sin posibilidad de alegaciones.
