El Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Villamayor tendrán que devolver a la Universidad de Salamanca 90.000 euros por haberle cobrado el IBI de forma indebida durante cuatro años. Así lo determina una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que ha sido ratificada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia.
La sentencia estima que todos los bienes inmuebles propiedad de la Universidad de Salamanca ubicados en el denominado ‘Campus Villamayor’ están exentos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. Se trata de 12 fincas urbanas por las que se cobró el impuesto desde 2017 a 2021. La sentencia del juzgado salmantino estimaba que estos bienes están exentos al figurar con un uso docente y cultural de la propia Universidad “en cuyo seno lleva ínsita e implícitamente un ánimo bienhechor para el interés generla sin fines lucrativos o sin ánimo de lucro”, por lo que el juzgado considera que el REGTSA debe reintegrar a la USAL las cuotas tributarias devengadas y satisfechas en concepto de IBI, así como los intereses legales que se vayan devengando.
Tanto el Ayuntamiento de Villamayor como el Organismo Autónomo de Recaudación estimaban que de las doce parcelas, diez no tienen ninguna edificación, y por tanto no estaban afectas a la actividad docente o cultural sujetas a proyectos de investigación o docencia y que de las otras dos, una es el Parque Científico, de la que el titular no es la Universidad sino la Fundación del parque, sin embargo, la USAL alegó que todas ellas forman parte de denominado “equipamiento Universidad” y que conforman el Campus Universitario ubicado en la localidad.
La pérdida del recurso ha hecho que el Ayuntamiento de la localidad haya tenido además que hacer frente a las costas del proceso judicial.
