El Ayuntamiento de Santa Marta ha aprobado este lunes 9 de junio, en una reunión extraordinaria de su Junta Local de Seguridad, el Protocolo Operativo de Colaboración y Coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local destinado a reforzar la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género en el municipio. La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, y el alcalde de Santa Marta, David Mingo Pérez, copresidieron el encuentro.
Este protocolo, que incorpora mejoras técnicas y funcionales, se enmarca en la renovación del Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Santa Marta, introducido en 2020 y ahora actualizado al nuevo Sistema VioGÉN 2. El objetivo primordial es continuar con la protección integral a las víctimas dentro de este sistema.
La reunión contó con la presencia de destacadas figuras en la lucha contra la violencia de género, incluyendo a Raquel San Felipe, jefa de la unidad de VioGén de la Subdelegación del Gobierno, e Inmaculada Egido Sánchez, jefa de la Unidad de Interior de la Junta de Castilla y León. También asistieron responsables de la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil y otros miembros de la Corporación municipal.
El documento fue formalmente acordado y firmado por la subdelegada Rosa López, el alcalde David Mingo Pérez, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, Arturo Marcos, y el Jefe de la Policía Local de Santa Marta, Pedro Rodríguez Rivas.
Durante la sesión, la subdelegada Rosa López enfatizó la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para avanzar en la lucha contra la violencia machista. López recalcó que este problema es un asunto que concierne a toda la sociedad y subrayó la vital importancia de seguir trabajando y tomando conciencia de que es un problema que debe resolverse de manera conjunta.
Las Juntas Locales de Seguridad, como órganos de coordinación operativa e informativa, facilitan la colaboración entre los sectores sociales e institucionales para una planificación adecuada de la seguridad pública, fomentando así un mayor acercamiento entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades constitucionales.
