El Acuerdo Marco de cofinanciación de los equipos de acción social básica y programas de Servicios Sociales es la herramienta de cooperación y coordinación entre el Ejecutivo autonómico y las corporaciones locales para la financiación de las políticas y prestaciones de carácter social, que garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención y protección de las personas más vulnerables.
El 5 de diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la concesión de un conjunto de subvenciones por un importe global de 448 millones de euros –para su distribución en las anualidades de 2020, 2021, 2022 y 2023–, dirigidas a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales para hacer frente a los gastos derivados de los programas y actividades en materia social desarrollados por estas entidades dentro del Acuerdo Marco.
Desde entonces, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha ido aprobando sucesivos incrementos en la financiación a las corporaciones locales –tanto a través del Acuerdo Marco, como de fondos extraordinarios COVID– para atender las necesidades emergentes derivadas de la emergencia sanitaria, primero, y después de la social.
Así, se elevaron los fondos para reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario y la teleasistencia y asegurar los cuidados y la seguridad de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia; para atender necesidades básicas de las familias y garantizar la alimentación de menores afectados por el cierre de centros escolares; para intensificar la ayuda a domicilio; para incrementar la plantilla de los Centros de Acción Social -CEAS-, para mejorar los programas y servicios de conciliación, entre otros, y, finalmente, para ayudas de emergencia destinadas a que las familias más vulnerables puedan hacer frente a los suministros energéticos.
Ahora, el departamento que dirige Isabel Blanco ha aprobado una inyección adicional de 51.246.403,34 euros –24,2 este mismo año y otros 27 en 2023– destinada a sufragar los gastos originados por la prestación de servicios y para reforzar el personal.
En total, la financiación para las entidades locales a través del Acuerdo Marco tras las modificaciones realizadas, incluida la adenda de 51,2 millones de euros aprobada en el último Consejo de Gobierno, asciende a más de 580,2 millones de euros, lo que supone un incremento, desde 2020, de 132.232.671 euros.
Finalidad del incremento de las cuantías
La aprobación de esta nueva adenda tiene la finalidad de actualizar la financiación de los profesionales de los equipos técnicos de los servicios sociales, tanto básicos como especializados específicos de segundo nivel y apoyo a las labores de coordinación de los servicios centrales en las entidades locales con competencias en servicios sociales, para lo que se destinarán 5,3 millones de euros -2,3 en 2022 y 3 en 2023-.
Otro de los objetivos es incrementar la financiación del servicio de Ayuda a Domicilio para atender el incremento de necesidades -24 millones de euros, 12 cada año- y el incremento de necesidades de ayudas de emergencia para necesidades básicas y energéticas -3,6 millones de euros en 2022-, así como aumentar los equipos específicos de segundo nivel en infancia y la implantación del nuevo servicio de ayuda a domicilio para menores vulnerables o en riesgo y para familias con graves cargas -más de 9,5 millones de euros que se reparten en casi 4,8 cada año-.
Por otra parte, también sube la financiación en los programas de prevención de drogas destinada a los técnicos coordinadores de los planes de drogas locales y rehabilitación de alcohólicos en el medio rural.
Por último, gracias a esta adenda se ampliarán los servicios y programas de conciliación con financiación de nuevas unidades de ‘Crecemos’, ampliación del horario y la implantación de gratuidad en curso 2022-23 para la edad de 2 a 3 años – para lo que se destinan -6 millones de euros, 1,5 para 2022 y 4,5 para 2023-; así como se aumenta la financiación de los pisos de acogida del programa de víctimas de violencia de género para su adaptación a la normativa vigente -364.153 euros, 182.076 cada año-.
