Los trabajadores de la Junta que se encargan de la lucha contra los incendios forestales tomaron este martes la Plaza de las Cortes para exigir al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que retire el proyecto de decreto ley de medidas urgentes para extender el operativo de prevención y extinción de fuegos todo el año, porque es “totalmente insuficiente” y establece unas condiciones laborales “ridículas” para estos empleados.
CSIF o UGT se han movilizado este martes a estos profesionales desde toda la Comunidad, con seis autobuses fletados, hasta las puertas del parlamento, donde unas 400 personas exigieron al Suárez-Quiñones que “acerque posturas” tras dos reuniones “sin posibilidades de acercamiento”, y advirtieron de que están estudiando la convocatoria conjunta de una huelga si mañana en otro encuentro convocado con la consejería no se avanza.
Muchos manifestantes llegaron ataviados con su ropa de faena y no pararon de pitar, lanzar petardos y tocar el tambor, incluso figuraron una pequeña capea, al paso del pasodoble, con uno de ellos vestido de torero y dando pases, ante el “toreo” al que les está sometiendo la Junta, con un cartel en el que se podía leer: “Extraordinaria corrida de toros. Plaza de las Cortes. Bravos ejemplares. Agentes medio ambientales. 21 de marzo de 2021 a las 17.00 horas. El diestro Juan Carlos Suárez-Quiñonez junto a su correspondiente cuadrilla. José A. Arraz ‘Directorito’. Javier Ezquerra ‘Coordinador de Huelva’. Después se celebrará una capea donde serán lidiados tres técnicos y dos celadores para los aficionados”.
Los trabajadores lanzaron consignas contra el consejero con pancartas en las que se podía leer: “Agentes forestales en lucha” o “Agentes Medioambientales. Dignidad, Seguridad, Medios de Defensa, Apoyo Institucional”. La periodista Franca Velasco se encargó de leer un manifiesto, en el que el colectivo los empleados públicos destacó que “no deben soportar ante los ciudadanos la responsabilidad” que provoca la “ineficacia” de los cargos políticos.
El responsable regional de Medio Ambiente de la FSP de UGT en la Comunidad, Ricardo Vallecillo, expuso que mañana volverán a reunirse con responsables de la consejería a partir de las 17.00 horas, y “el punto de inflexión está en manos del consejero y esperemos que se acerquen posturas”, dijo, porque “estamos pensado en convocar huelga los cuatro sindicatos”. “La profesionalidad de estos trabajadores está muy por encima de la media y no descartamos la convocatoria de huelga”, dijo.
El representante sindical advirtió de que la propuesta actual para integrar el operativo de invierno es “ridícula”, con “32 agentes medio ambientales y nueve técnicos”. Afirmó que Suárez-Quiñones quiere hacer la campaña de invierno y tener persona todo el año “sin retribuirlo” y obligar a estar de guardia a menos de media hora de la oficina comarcal, lo que “acaba con nuestra vida personal”. “No hay trabajadores para realizar esas guardias ni con capacidad de reacción”, dijo, para asegurar que se les ofrece “menos de la mitad del dinero que se retribuye ahora mismo por las guardas de incendio con lo que implica de peligrosidad, penosidad y dar ordenes a todo el operativo”.
“No se si se cree que los incendios cuando se prenden en invierno no hay que apagarlos”, se preguntó, para arremeter contra los responsables de Medio Ambiente de la Junta, por su propuesta “vergonzosa” de retribuciones sin mover nada en las dos reuniones mantenidas. Precisó que la relación de puestos de trabajo está integrada por 1.047 plazas, pero ahora son menos de 750, muchos con 60 años de edad pasados y “no todos pueden correr detrás de los humos”, por lo que exigió que al menos se llegue al 100 por cien de la plantilla.
El delegado de Medio Ambiente regional de CSIF, Alejando Muñoz, defendió un operativo profesional cien por cien público, permanente y real, “en contra del flexible que plantea la consejería, que cree que el dinero para extinción es un despilfarro”. “Queremos cubrir todo el territorio con un operativo suficiente en medios materiales y personales y que se ajuste a la realidad de las nuevas condiciones climáticas”. “Supeditan la cobertura a un criterio meramente económico”, lamentó.
