El Gobierno ha anunciado que abre desde este martes la vía para que los afectados por las borrascas de los últimos tres meses pidan ayudas destinadas a paliar daños personales y/o daños materiales en vivienda y enseres.
Son 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) durante ese periodo, las que obligaron a las autoridades a activar sus respectivos planes autonómicos de protección civil. En el listado emitido por el Gobierno figura la provincia de Salamanca afectada por "precipitaciones fuertes, viento y episodio de avenida" en el mes de noviembre, el día 14, y por la borrasca Marta del 7 de febrero.
La reiteración de episodios climatológicos adversos en un corto espacio de tiempo, que han provocado daños tanto a las infraestructuras como a la población, es lo que ha llevado a cabo la decisión de poner en marcha ayudas para contribuir al restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas.
Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 se han producido, en distintas partes del territorio nacional, fenómenos meteorológicos adversos, entre los que destaca la borrasca 'Emilia', la borrasca 'Francis' asociada a precipitaciones relevantes, nevadas y episodios de inclemencias invernales. Después se produjo una nueva sucesión de temporales vinculados a las borrascas ‘Harry’, ‘Ingrid’, ‘Joseph’ y ‘Kristin’, 'Leonardo' y 'Marta' que han provocado nevadas, lluvias y fuertes rachas de viento produciendo desprendimientos e inundaciones en diferentes puntos de España, entre ellos Salamanca, que se ha visto afectada en las últimas semana por los derbordamiento de ríos debido al aumento del nivel del caudal.
Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia. Se estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en trámites como el duplicado de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, así como las tasar por expedición del DNI.
Entre otras ayudas, la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil abre además la "vía para que otros departamentos del Gobierno puedan habilitar otras ayudas propias de sus ámbitos competenciales":
- Beneficios fiscales: el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como siempre, están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
- Medidas laborales y de Seguridad Social: los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social.
- Ayudas a las corporaciones locales: el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederán ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
- Daños en infraestructuras públicas y en el dominio público: todos los ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.
- En materia de contratación, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, previo acuerdo del órgano de contratación conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.
- Se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de estas obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
