El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, participó este lunes en Cáceres en la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alertó del grave problema “social y para el empleo” que se producirá si no se adoptan por parte del Gobierno Central las medidas legales necesarias que les permita hacer frente al sobrecoste de precios en las obras públicas.
Javier Iglesias explicó que el fuerte incremento de los precios provocados por diversos factores externos está afectado de forma directa a las empresas de construcción dedicadas a obra pública, que son adjudicatarias de obras y que, en muchos de los casos, no podrán hacer frente a los mismos.
Esta situación, añadió, tendrá una repercusión directa en la viabilidad de las propias empresas que se vean obligadas a renunciar a las obras ya adjudicadas para no asumir mayores pérdidas. Así, se refirió especialmente a las pequeñas y medianas empresas o autónomos que trabajan con administraciones como la Diputación de Salamanca.
Entre otras cuestiones, pidió al Gobierno que amplíe el listado de materiales a tener en cuenta para calcular el umbral del 5 por ciento de incremento de los precios de un contrato para que sea posible la revisión extraordinaria del mismo. También, valoró la necesidad de que se les exima de la prohibición para contratar con la administración ante la resolución culposa de los contratos, cuando hayan de desistir de la ejecución del contrato por dichas circunstancias.
Por último, durante este encuentro al que acudieron los presidentes de las Diputaciones, Consejos y Cabildos de España, también se abordó la necesidad de que las diputaciones formen parte activa de la gestión de los Fondos Europeos y que exista una co-gobernanza sobre esta cuestión que afecta también a las entidades locales.
