De Santiago-Juárez ha informado a los delegados territoriales que, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y una vez que se aborde la próxima semana en Mesa General de Negociación, la Junta de Castilla y León incrementará el salario de sus empleados públicos un 1,5 % en su nómina del próximo mes de agosto, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Así, se trata de la máxima subida salarial que la Administración autonómica puede realizar en estos momentos, de acuerdo con la exigencia legal derivada de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en vigor desde ayer, en cuyo Título III, capítulo I, artículo 18 se recogen las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.
Literalmente, esa exigencia legal para todas las Administraciones Públicas indica que en el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 % respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 % se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 % de incremento salarial.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Será en ese momento, y después de la convocatoria de la Mesa General de Negociación, cuando la Junta de Castilla y León podrá incrementar el 0,25 % complementario y con efectos de 1 de julio.
Esta Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 continúa exponiendo que se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 % de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 %
Asimismo, en la reunión se ha expuesto la buena acogida de la recuperación de la jornada de verano ?en los meses de julio, agosto y septiembre-. El vicepresidente y consejero de la Presidencia rubricó este preacuerdo con los sindicatos CCOO y UGT el pasado 25 de junio.
Interés en la Comunidad por la convocatoria de subvenciones a mancomunidades
Los delegados territoriales han expuesto un balance positivo del trabajo realizado en cada una de las provincias para difundir e impulsar la participación de mancomunidades en la convocatoria de las líneas de ayudas abierta.
De los 6 millones de euros con los que cuenta la convocatoria, 1,6 millones se destinarán al fomento de las Mancomunidades de Interés General (MIG) Urbanas y 1,5 millones al apoyo de las mancomunidades ?clásicas?. Estas ayudas podrán destinarse indistintamente a gastos corrientes o a inversiones y están cofinanciadas al cien por cien por la Junta de Castilla y León. En la misma convocatoria se destinan 2,9 millones de euros al fomento de las Mancomunidades de Interés General Rurales, cuya posibilidad de constitución está pendiente de la aprobación del proyecto de ley de mapa rural en las Cortes de Castilla y León, estando previsto en la convocatoria, en todo caso, su destino a favor del medio rural.
Sobre esta convocatoria, cabe recordar también que se realizará una modificación de la Orden para que en ella tenga cabida la participación del Consejo Comarcal del Bierzo, una vez que la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León ya contempla que la Comarca de El Bierzo, hasta que se apruebe el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, tendrá derecho a un tratamiento similar al previsto para las mancomunidades de interés general en las ayudas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, siempre que la mayoría de los municipios que la componen manifiesten su voluntad de delegar en la Comarca competencias y funciones municipales, de acuerdo, en todo caso, con los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para cada año.
