La Junta de Castilla y León ha anunacido la transformación en el dispositivo de incendios forestales en la Comunidad con la puesta en marcha de unas medidas que suponen "avances históricos" en materia de profesionalización, estabilidad y reconocimiento de los empleados públicos, tanto en el caso de los funcionarios como del personal laboral. La propuesta de la Junta incluye la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B; la consolidación de un dispositivo estable durante todo el año; el reconocimiento de la calificación de Bombero Forestal; el carácter público de dicho dispositivo, y las mejoras en la carrera profesional y la formación de estos empleados públicos.
En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “con estas medidas, vamos a dar un paso firme en la modernización y profesionalización de un colectivo esencial para la protección de nuestro entorno natural, y lo hacemos reconociendo su nivel de responsabilidad, dignificando su labor, y ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo profesional”.
Para dar cumplimiento a la Ley de 8 de noviembre de 2024 Básica de Agentes Forestales y Medioambientales, se creará el Cuerpo de Agentes Medioambientales en el Grupo B, lo que permitirá reconocer la elevada responsabilidad técnica de estos profesionales.
Esta medida contemplará la integración voluntaria de los actuales funcionarios de la Escala de Agentes Medioambientales del Subgrupo C1 (que quedaría a extinguir) en un nuevo Cuerpo de la Administración Especial, con acceso a niveles comprendidos entre el 18 y el 24, y con una titulación de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural como requisito mínimo de ingreso. Todos los funcionarios podrán acogerse a un proceso voluntario de integración directa para acceder al nuevo Cuerpo. Esta reestructuración implicará también la percepción de retribuciones básicas y complementarias propias del Grupo B, así como la aplicación del complemento de carrera profesional horizontal correspondiente.
En el caso del personal laboral, la Consejería de la Presidencia plantea el objetivo de garantizar la conversión de los actuales puestos de fijos discontinuos del dispositivo de incendios, que trabajan unos meses al año, en puestos a jornada completa durante todo el año. Esta medida afectará a las Categorías de Operador del centro de mando, Oficial de montes-conductor maquinista de autobomba, Vigilante de incendios, y Peón de montes y extinción. En este sentido, se considerará como actividad en incendios no solo la extinción, sino también la prevención, el mantenimiento de las infraestructuras relacionadas con el fuego, la vigilancia, la detección, y la posterior restauración de la masa forestal afectada. Como ha señalado González Gago, “este cambio supondrá una mejora sustancial en la estabilidad del empleo público, en la eficacia del operativo, y en la planificación de las campañas”.
Por otro lado, la Consejería de la Presidencia estudia la funcionarización (es decir, la conversión de personal laboral en funcionarios) de los empleados públicos pertenecientes a la categoría profesional de Celador de Medio Ambiente, que podrán pasar a ser Agentes Medioambientales mediante promoción interna.
Medidas comunes para todos los empleados públicos de incendios
En cumplimiento de otra norma diferente, la Ley de 8 de noviembre de 2024 Básica de Bomberos Forestales, la Junta también propone el reconocimiento oficial de la calificación de Bombero Forestal para todos los empleados públicos que desempeñan funciones vinculadas directamente a la extinción, vigilancia, detección, mantenimiento de infraestructuras y restauración del medio natural.
Este reconocimiento, que incluirá a funcionarios y personal laboral, se realizará mediante una modificación de las relaciones de puestos de trabajo que se aprobará antes de finalizar este mismo año 2025. El calificativo de Bombero Forestal se aplicará a puestos de trabajo que impliquen dedicación exclusiva a funciones en incendios forestales, pertenecientes, para funcionarios, a determinados puestos de los Cuerpos de Ingenieros Superiores de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales, Agentes Medioambientales, y a la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, a extinguir. En el caso del personal laboral, dicho calificativo se aplicará a todos los puestos de las Categorías de Operador del centro de mando, Oficial de montes-conductor maquinista de autobomba, Vigilante de incendios, y Peón de montes y extinción.
González Gago ha señalado que “ésta era una demanda histórica del sector que hoy se convierte en realidad: reconocer esta figura garantiza a estos profesionales un marco jurídico y laboral acorde a la dureza, especialización y riesgo de sus funciones: es una cuestión de justicia profesional, y también de compromiso con un servicio público clave para la seguridad de todos”.
El reconocimiento como Bombero Forestal no sólo supondrá una mejora jurídica para estos trabajadores, sino que llevará aparejada la aplicación de coeficientes reductores para poder optar a la jubilación anticipada, como medida de mayor protección social. Además, todos los empleados públicos que adquieran la calificación de Bombero Forestal percibirían un nuevo complemento específico, que se creará de manera acorde a la especialización y el riesgo de las funciones desempeñadas. Esta medida supone un avance significativo en la dignificación del colectivo, y una apuesta decidida por el fortalecimiento del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, asegurando así una mayor profesionalización y eficacia en la protección de los montes y entornos naturales de Castilla y León.
Asimismo, la Junta adquiere el compromiso de modificar la naturaleza de todo el dispositivo de incendios de la Comunidad para que se desarrolle totalmente por profesionales del sector público, salvo aquellos casos excepcionales que requieran servicios especializados privados (pilotos, mecánicos de medios aéreos, conductores de maquinaria pesada, etcétera). Esta medida se implantará de forma paulatina entre los años 2026 y 2028.
Junto a ello, la Consejería de la Presidencia, a través de la Escuela de Administración Pública, implementará un plan de formación específico para estos profesionales, diseñado en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el Centro para la Defensa contra el Fuego de León. De esta manera, se promueve la profesionalización continua de estos trabajadores, tanto de los que están desempeñando el servicio actualmente como de aquellos que vayan a acceder a estos empleos públicos.
Todas las medidas descritas afectarán directa y positivamente a casi 2.200 empleados públicos propios de la Junta de Castilla y León que actúan en el ámbito de los incendios forestales. González Gago ha expresado que “el Gobierno autonómico quiere salvaguardar la vida humana y el medio natural, y quiere cumplir las leyes; por ello, confía en la buena voluntad negociadora y en la disposición constructiva de los representantes de los trabajadores para avanzar en la aprobación definitiva de todas estas medidas, esperando que, en el posicionamiento de ambas partes, prime el compromiso con la mejora de las condiciones laborales de estos servidores públicos”.
