El Fondo de Cohesión Territorial está concebido como un instrumento de cooperación económica que ayuda a garantizar y a modernizar los servicios públicos del medio rural, y, con ello, la calidad de vida de los ciudadanos. La de 2023 es la segunda convocatoria de estas ayudas, que fueron estrenadas durante el ejercicio anterior, y el plazo para su solicitud cerró en el mes de julio. De esta manera, a día de hoy la Consejería de la Presidencia puede presentar un balance de la resolución de estas ayudas a nivel provincial, cuya concesión efectiva siempre dependerá del cumplimiento, por parte de los municipios, de las condiciones incluidas en su convocatoria.
Consciente de que cada una de las provincias de la Comunidad tiene sus propias dificultades sociodemográficas, el Fondo de Cohesión Territorial introduce dos factores de corrección en los criterios propios del modelo de financiación local de Castilla y León: el primero de ellos es la tasa de paro provincial, que supone un 30% del fondo, y el segundo es la despoblación, que supone un 10%. Este porcentaje se distribuye entre aquellas provincias con una tasa de densidad de población inferior a la media de la Comunidad (25,53 habitantes por kilómetro cuadrado). Por esta razón, existen cuatro provincias que, siguiendo estos criterios, son adjudicatarias de un porcentaje superior del que les correspondería por la aplicación del criterio de financiación local: Soria (un 106,14% más que si se hubiesen seguido dichos estándares), Zamora (un 33,40% más), Ávila (un 26,76% más) y Palencia (un 19,83% más).
Estos factores de corrección introducen un componente solidario entre las provincias de Castilla y León. Sin embargo, no es el único signo de colaboración que rige el reparto de estos fondos: el Fondo de Cohesión Territorial prevé la participación de dos administraciones públicas cuya labor es fundamental para el funcionamiento de los municipios: los ayuntamientos y las diputaciones. Así, estas inversiones también promueven la movilización de fondos propios de estas administraciones, necesarios para completar la financiación de los diferentes proyectos.
En la provincia de Salamanca: la Junta prevé una aportación de 2.530.224€: 1.220.937€ para 334 municipios con menos de 1.000 habitantes, y 1.309.286€ para 27 municipios con entre 1.000 y 20.000 habitantes. El total previsto de recursos movilizados asciende a 4.187.590€.
Tras presentar este balance, se insiste en que la recepción de estos fondos por parte de los municipios está condicionada a cumplir con las condiciones estipuladas, tanto a nivel de plazos de ejecución como a la adecuación de los proyectos con el objetivo de este programa, es decir, con la mejora de los servicios públicos de los municipios. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, pone en valor la importancia de esta movilización de inversiones a lo largo del medio rural de la Comunidad, unas inversiones “que ayudan a progresar en el equilibrio de las condiciones de vida en las nueve provincias de Castilla y León, al tiempo que redundan en la mejora de los servicios públicos, crean oportunidades de empleo y, en definitiva, contribuyen a poner freno a la despoblación”.
