Un concurso de espantapájaros organizado por el Ayuntamiento de Tordillos ha sido el origen de un conflicto que ha terminado en el juzgado de Peñaranda con una denuncia penal al alcalde por amenazas, coacción y prevaricación y otro proceso en el contencioso administrativo impugnando la licitación de la residencia de mayores. Un conflicto que comenzó cuando una de las empleadas de la residencia de mayores de la localidad, de titularidad municipal pero gestionada por una empresa privada, se negó a colocar unos espantapájaros en el jardín del centro. Una negativa que parece no sentó muy bien al alcalde de la localidad, el popular Ángel Luis Alonso, que supuestamente se personó en el centro de mayores para exigir su colocación, según relata la trabajadora que lo ha denunciado y tras recibir una negativa, pidió a la directora que fuera despedida y que “le cambiara turnos o le hiciera la vida imposible”.
Los hechos se remontan a agosto de 2023. Con motivo de la celebración de las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves, el Ayuntamiento de Tordillos organiza un concurso de espantapájaros. La idea era poner todos los que se presentaran en el jardín de la residencia de mayores del pueblo y que fueran los residentes quienes decidieran quién era el ganador. El primer problema es que a la empresa que gestionaba la residencia no se le había comunicado nada del asunto, y cuando una trabajadora del Ayuntamiento llegó con todos los espantapájaros y se los dio a la trabajadora que hacía su turno en la residencia para que los pusiera esta se negó.
“Llega una chica con los espantapájaros para que yo los coloque”, relata la trabajadora, que añade que “es una residencia pequeña, estamos solo una trabajadora por turno y yo no puedo dejar de atender a los residentes así que le dije que lo colocaran ellos, que yo no podía”. La respuesta no debió agradar al regidor ya que, según el relato de la trabajadora, “a los diez minutos llegó un señor que me preguntó si yo sabía quien era él. Le dije que no y me dijo que yo soy la máxima autoridad aquí, el jefe de la residencia y te obligo a que pongas los espantapájaros. O los pones o te quedan los días contados”, relata la trabajadora.
Esta situación derivó en una llamada a la directora de la residencia en la que, según la propia responsable del centro, “me dijo que lo la despedía o sacaba a concurso la residencia. Yo le dije que no la iba a despedir, que no era un motivo de despido y que era una trabajadora muy buena, que durante el Covid estuvo 15 días viviendo allí con los mayores para evitar contagios. Al día siguiente nos comunicó que no nos prorrogaba el contrato de gestión de la residencia”. De hecho, la directora de la residencia añade que “habíamos hablado de la renovación, yo había renovado permisos seguros y todo, pero en trece días sacó la gestión a concurso”. La directora de la residencia asegura que “fue imponiendo y primero, a mi no me había dicho nada del concurso, y segundo es que yo solo tengo una persona por turno, si avisa nos podíamos haber organizado, pero yo no voy a despedir a alguien por eso”. La directora asegura que en un momento dado ella le pregunta si el Ayuntamiento va a abonar la indemnización de la trabajadora por el despido y el alcalde responde que no, que “hay otras formas, que le cambie los turnos o le haga la vida imposible”, algo que asegura está grabado y ha sido admitido como prueba en el proceso.
“Yo le denuncié porque me parece fatal”, asegura la trabajadora, que añade que, posteriormente, algunos de los interesados en la gestión de la residencia cuando esta salió a concurso le dijeron que “la condición era que había una trabajadora muy conflictiva y había que echarla”. Finalmente, la gestión de la residencia paso a otra empresa que mantiene a los trabajadores anteriores que están subrogados, incluida la trabajadora protagonista del conflicto que ha estado de baja por depresión y asegura que “una vez salga el juicio me echarán a la calle”.
La demanda penal contra el alcalde se encuentra en la aportación de pruebas testificales en el Juzgado de Peñaranda, mientras que el proceso por el Contencioso Administrativo que pide la impugnación de la licitación está en espera del resultado del penal.
Respuesta del alcalde de Tordillos
Por su parte, el alcalde de Tordillos, Ángel Luis Alonso, en un comunicado asegura que “siempre he actuado conforme a la legalidad vigente y por tanto, la denuncias interpuesta contra mi persona solo busca dañar mi imagen personal y mi reputación”. Además, niega “rotundamente que se haya producido ningún tipo de irregularidad en el proceso de contratación de la residencia municipal”.
En cuanto a la denuncia interpuesta por una trabajadora de la residencia asegura que “todo este proceso se basa en una falsedad y espero que se resuelva cuanto antes para no seguir manchando el nombre del municipio en general y de mi persona en particular” y aclara que el proceso judicial fue archivado previamente "al no encontrar el juez indicios de veracidad en la causa", según asegura el regidor y posteriormente recurrido por la trabajadora
