Unión del Pueblo Leonés ha llevado la problemática de las 23 familias de Babilafuente que van a ser desahuciadas y que han denunciado haber sido víctimas de una estafa. UPL ha registrado en las Cortes autonómicas una batería de preguntas mediante las cuales reclama a la Junta implicarse directamente para evitar que se ejecuten estos desahucios y medie para que se contemple la situación real de los afectados.
Como ya informó Salamanca 24 Horas, el caso concreto de Babilafuente afecta a 23 familias sobre las que pende un desahucio ya que, aunque ellas han pagado el alquiler a la empresa que les facilitó las viviendas, esto puede ser una estafa debido a que tenía revocado el CIF desde 2019 y, por tanto, no podía alquilar viviendas. Algo que han descubierto cuando la SAREB se ha quedado con las viviendas y no tenía registrados los contratos de alquiler, por lo que ha iniciado el proceso de desahucio.
Desde UPL aseguran que “no se da por impagos de recibos o facturas, ya que han estado pagando todos sus recibos, sino por haber sido estafados por la empresa a la que inicialmente tenían que pagar el alquiler”.
Por ello, los regionalistas leoneses reclaman a la Junta acciones para garantizar el derecho a la vivienda de estas 23 familias de Babilafuente y evitar su desahucio, dado que tienen riesgo de ser desahuciados a pesar de que han estado pagando su alquiler, pero haciéndolo a la empresa bajo la cual estaban los contratos de alquiler, ante la ausencia de comunicación sobre el cambio de titular de las viviendas en que residen.
En este aspecto, desde Unión del Pueblo Leonés reclaman a la Junta que medie con la SAREB para evitar el desahucio de estas familias en Babilafuente y garantizar su derecho a la vivienda, atendiendo a la situación real de los afectados y a que la situación “es fruto de que la propia SAREB, que ahora amenaza con desahuciarles, no les ha comunicado que era la actual titular de sus viviendas, dándose el rocambolesco caso de que han seguido pagando sus recibos de contrato a una empresa cuyo CIF estaba revocado desde 2019, hecho que no se les había comunicado ni por esta ni por la SAREB”.
