"Pedir al Gobierno de España una mayor flexibilización de la Ley de Contratos en su aplicación en los municipios más pequeños". Es lo que ha planteado este martes el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, en la última reunión en Madrid de la legislatura de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Según explicó Iglesias, que es vicepresidente en la FEMP, la "limitación de los recursos de los núcleos más pequeños y su propia idiosincrasia hace necesaria una adaptación de la Ley de Contratos que les permita gestionar mejor, de forma más eficiente y, además, contribuir a la lucha contra la despoblación".
Así, el presidente de la institución provincial ha planteado la posibilidad de dar "facilidad a los pequeños consistorios para poder seguir contratando con las empresas más próximas a su entorno, que son las que crean empleo y contribuyen a fijar población en el medio rural".
Entre las propuestas de resolución que se elevarán a la Junta de Gobierno de la FEMP, en la reunión se abordó la "necesidad de seguir profundizando en el debate sobre la participación de los gobiernos locales en el diseño, programación y ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europea", insistiéndose en que el actual ciclo presupuestario de los fondos comunitarios está "priorizando el desarrollo de las ciudades en aras de una economía más competitiva e inteligente". No obstante, Iglesias considera "prioritario que el medio rural reciba los fondos necesarios para conseguir un desarrollo equilibrado y en convergencia con las ciudades".
En la reunión también se insistió en la "labor vertebradora de las diputaciones en la lucha contra la despoblación en el ámbito rural, así como en su participación activa, a través de la FEMP, en la elaboración de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico".
Además, se acordó seguir reclamando una "adecuada financiación" de los Planes de Cooperación Local ya que, desde hace algunos años, la consignación económica para los Planes Provinciales e Insulares de Obras y Servicios "ha desaparecido" de los Presupuestos Generales del Estado.
