La Federación de Empresarios de la Comarca de Ciudad Rodrigo ha sido la última en sumarse a la demanda de abogados y procuradores de la provincia, que advierten de los perjuicios que supone la propuesta de creación de un juzgado uniprovincial, con sede en Salamanca capital, que conocerá y tramitará todos los asuntos relativos a cláusulas abusivas y derecho financiero de toda la provincia.
La medida supondrá el obligatorio desplazamiento a Salamanca de abogados, procuradores y demandantes. Para Afecir la reducción de servicios públicos en las cabeceras de Comarca conlleva a los territorios periféricos de las capitales “a una existencia que encarece y precariza a la vez a los residentes que vivimos en ellas, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda categoría”. La población se fija en el ámbito rural si se mantienen los servicios públicos, “de lo contrario todos nuestros esfuerzos para evitar la despoblación resultarán inútiles”, advierten.
Los empresarios mirobrigenses resaltan la necesidad de sumar la fuerza de todos los sectores de actividad “y estar atentos ante el posible desmantelamiento del deber que tienen los poderes públicos de garantizar la prestación de los servicios esenciales a la población”.
En esa misma línea se han manifestado los propios letrados mirobrigenses para quienes la saturación y colapso del juzgado uniprovincial “será inmediata, lo que conllevará un retraso en la solución de este tipo de asuntos y alargará las resoluciones con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos”.
Desconocen los abogados mirobrigenses qué intereses subyacen bajo esta “infame medida”. Desde luego, dicen, “no los de los miles de ciudadanos y consumidores que se verán afectados por semejante despropósito”. Para que una justicia sea justa, añaden, “debe ser rápida y eficaz”. Sin embargo “crear un juzgado uniprovincial para lograr todo lo contrario”.
En esa misma línea también se han manifestado los abogados bejaranos para los que la creación de este Juzgado uniprovincial “alejará la justicia del ciudadano y supondrá además un perjuicio para la economía comarcal y sus ciudadanos”.
Los letrados entienden que los juzgados de Béjar, al igual que los del resto de los partidos judiciales, están “tan capacitados o incluso más que un juzgado uniprovincial”. Se produce, dicen, “una clara desigualdad entre la entidad financiera y los ciudadanos”.
