Volver a morar, volver a asentarse, arraigarse en un territorio. Lo contrario a despoblar o deshabitar, el mal que afecta a gran parte de la Salamanca rural. Rehabitar, el concepto que da nombre a un programa de la Junta de Castilla y León que ha conseguido que se pongan en el mercado del alquiler social casi un centenar de viviendas en los pueblos de Salamanca. Una oportunidad para atraer familias o dar una solución habitacional en pueblos donde las viviendas libres están tan deterioradas que no se pueden alquilar. Es el mal de los pueblos más pequeños: población envejecida, viviendas cerradas y ni una sola para alquilar. Una situación que impide atraer a nuevos vecinos y que con la puesta en marcha de estas viviendas municipales que se alquilan a bajo coste se alivia.
Desde que en 2016 se pusiera en marcha este programa, en Salamanca se han desarrollado 91 actuaciones, alguna de ellas pendientes de ejecución en este 2026. Más de la mitad de los proyectos desarrollados se han ejecutado con la promoción directa de la Junta, el resto gracias a convenios con la Diputación o con los obispados de la provincia.
Inversiones que han dado soluciones a los pueblos. Es el caso de Martinamor, un municipio de poco más de 70 personas que en 2024 entró en el programa para rehabilitar el antiguo centro social del pueblo y convertirlo en vivienda. “Era un edificio que apenas se usaba”, asegura el alcalde, Juan Antonio Martín. Su conversión en vivienda ha permitido que un matrimonio haya regresado al pueblo. “Había demanda y una persona del pueblo pudo retornar y volver a vivir aquí”, añade. Tan buena ha sido la experiencia que “nos gustaría tener una segunda vivienda” ya que “es una gran ayuda”. Además, tienen demanda.
En el caso de Aldeanueva de Figueroa van por su segunda vivienda. La primera la alquilaron a una familia que llegó de fuera y para esta segunda tienen ya tres solicitantes y eso que todavía no se ha iniciado la obra de rehabilitación. Según asegura su alcaldesa, Candelas González, se rehabilitará la casa del maestro, lo que hará que las dos viviendas de Rehabitare estén juntas ya que en su primer intervención se rehabilitó la otra. "Estamos encantados de que venga gente al pueblo y se quiera quedar a vivir aquí", asegura la alcaldesa que añade "ofrecemos los servicios que tenemos e intentamos que sean cada vez mejor".
Un programa vital para el medio rural
Rehabitare se ha consolidado como una de las principales herramientas de la Junta para aumentar el parque público de alquiler social en el medio rural. Hasta la fecha se han desarrollado 677 actuaciones en Castilla y León, de las cuales 476 corresponden directamente a actuaciones promovidas por la Junta, 36 al protocolo con los obispados y 165 a los convenios suscritos con las diputaciones provinciales.
Los primeros municipios salmantinos en contar con un proyecto de Rehabitare fueron Barruecopardo, Beleña, Campillo de Azaba, Matilla de los Caños y Muñoz en 2016. A partir de este primer año, el programa ha rehabilitado viviendas en Morasverdes, Peralejos de Abajo y Sequeros, en 2017; Cabrillas, Cantalapiedra, San Miguel de Valero, Sieteiglesias de Tormes, Sorihuela, Águeda y Aldea del Obispo en 2018; Bogajo, El Tornadizo, Monleras y Vecinos en 2019; Aldeanueva de Figueroa, Béjar, El Maíllo, Monleón, Morille, Sequeros y Aldea del Obispo en 2020; Béjar, Buenamadre, Cristóbal de la Sierra, El Cabaco, Gallegos de Argañán, La Atalaya, Boada, Castillejo de Martín Viejo, San Esteban de la Sierra, Beleña, Encinas de Arriba, Fuenteguinaldo, Peralejos de Abajo, Santibáñez de la Sierra, Sequeros, Villar de Ciervo y Yecla de Yeltes en 2021; Montejo, Puebla de Yeltes, Cerezal de Peñahorcada, Machacón, Peñarandilla, Béjar, Madroñal, Pelabravo y San Pedro del Valle en 2022; Mancera de Abajo, Pedraza de Alba, Garcibuey; Villalba de los Llanos, Bañobarez, San Muñoz, Boada, Sorihuela y Mancera de Abajo en 2023; Valsalabroso, Martinamor, Galisancho, Pedroso de la Armuña en 2024 y Alba de Yeltes, Cipérez, Candelario, Monleras, La Tala, Sepulcro Hilario, Bóveda del Río Almar, Coca de Alba, Morille, Endrinal, Cilloruelo y La Orbada en 2025.
Para este 2026 el programa tiene previsto proyectos en Galisancho, Villarmayor, Sieteiglesias, Peñarandilla, Garcihernández, Candelario, Aldeaseca de la Frontera y Aldeanueva de Figueroa.
La rehabilitación de todas estas viviendas ha tenido un presupuesto total de 5.908.738 financiados por la Junta, con 3,3 millones, la Diputación con 2,1 millones y el Obispado con 424.908 euros. En toda la comunidad la inversión ha sido de 42,2 millones de euros.
El Programa Rehabitare está dirigido a facilitar el acceso a una vivienda asequible en el medio rural, contribuyendo al mismo tiempo a la revitalización y fijación de población en nuestros municipios.
¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a una vivienda?
Para acceder a una de estas viviendas, los interesados deben cumplir una serie de requisitos establecidos para garantizar que el programa llegue a quienes más lo necesitan, según la Junta de Castilla y León.
Entre ellos, se encuentra residir o tener interés en establecerse en municipios de menos de 5.000 habitantes, estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León y no ser titulares de otra vivienda en España. Asimismo, las condiciones económicas están orientadas a asegurar la asequibilidad del alquiler, de modo que la renta nunca puede superar un tercio de los ingresos de la unidad de convivencia ni exceder de 3 euros por metro cuadrado útil de la vivienda rehabilitada.
Además, los ayuntamientos, como gestores finales de las viviendas, establecen criterios objetivos de adjudicación adaptados a las necesidades de cada municipio, siempre respetando las prioridades establecidas en la normativa autonómica. En este sentido, se presta una atención preferente a los colectivos de especial protección, con especial sensibilidad hacia los jóvenes que desean emanciparse, las víctimas de violencia de género, las personas afectadas por procesos de desahucio de su vivienda habitual y aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad residencial o exclusión social.
El objetivo final es garantizar que estas viviendas rehabilitadas cumplan una función social, ofreciendo una oportunidad real de acceso a la vivienda a quienes más dificultades encuentran para conseguirla en el mercado libre y contribuyendo al fortalecimiento demográfico y social del medio rural
