Es una de las actividades deportivas que más polémica genera. Nunca faltan los conflictos entre los que están a favor o en contra de la caza, pero al final, la caza como actividad cumple con una labor incontestable: el control de especies salvajes en el medio rural. Algo que es necesario regular y controlar independientemente de cómo se realice ya que, si no fuera por la actividad cinegética, tendría que ser la Administración quien se ocupara de controlar los crecimientos de las poblaciones de animales.
Salamanca es la primera provincia de Castilla y León en matrículas de cotos de caza. Esto incluye a todos los cotos de caza que históricamente han existido como terrenos cinegéticos y han tenido una licencia. 1.618 tienen asignado un número de matrícula, aunque operativos existen 980 según los datos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. De estos, 846 tienen autorizado el aprovechamiento cinegético para caza menor (conejo, liebre, perdiz, codorniz, etc.) y al jabalí, ya que el crecimiento de esta especie y su expansión por toda la provincia y fuera de los cotos de caza mayor ha hecho que se permitan batidas en los cotos donde históricamente no se cazaba. Un crecimiento que se ha convertido en un gran problema para la siniestralidad en gran parte de la red de carreteras secundarias de la provincia y para la agricultura, ya que causa muchos daños.
Además, hay 214 cotos autorizados para la caza del corzo, 79 para el ciervo, 16 para el gamo y 4 tienen autorizado el muflón.
Todos ellos pagan una tasa por la matrícula que depende de la actividad cinegética autorizada. Así un coto de caza tiene una tarifa de 0,41 céntimos por hectárea, mientras que los declarados como cotos de caza intensiva, normalmente gestionados por empresas ya que son en los que se sueltan animales para la práctica cinegética, pagan casi el doble con 0,71 céntimos por hectárea. Teniendo en cuenta que para que un coto pueda darse de alta necesita un mínimo de 250 hectáreas y que en Salamanca casi llegan al millar, la Administración recauda una cantidad nada desdeñable en tasas, por lo que para la Junta el beneficio es doble: los cazadores pagan por practicar un deporte que permite a la administración controlar las especies y le evita tener que hacerlo ella.
Según Pedro Luis Ramos, técnico de Vida Silvestre de la Junta de Castilla y León en Salamanca, la caza es una “herramienta de gestión imprescindible para controlar la población de animales salvajes”. Esto es así ya que es la Administración la que establece los cupos de captura para cada acotado. Se trata de un documento denominado plan cinegético que tiene cada coto de caza y que está personalizado. En él se detalla qué animales se pueden cazar, cuántos y cuándo. Este cupo de extracción es lo que “garantiza que ese aprovechamiento sea sostenible” y no se cace ni en exceso ni especies que no se deban extraer”.
Los cupos se regulan y controlan. Es decir, si la administración considera que no es sostenible para una especie su extracción por caza el cupo baja a cero. Esto es lo que ha ocurrido con la tórtola europea, una especie que está en declive en toda la península ibérica, según Pedro Luis Ramos, por tanto, su cupo es cero, no se puede cazar. Si una especie entra en declive, como por ejemplo la perdiz cuya población ha bajado en algunas zonas, el cupo baja y si persiste el problema podría prohibirse su captura
Si una especie entra en declive, como por ejemplo la perdiz cuya población ha bajado en algunas zonas, el cupo baja y si persiste el problema podría prohibirse su captura mantene
Bajas poblacionales que no siempre se deben a la actividad cinegética, sino que las prácticas de agricultura intensiva y uso de fertilizantes han modificado el hábitat de los animales. La agricultura intensiva destruye nidos, polladas o refugios además de que el uso de herbicidas evita el crecimiento de muchas hierbas en los márgenes de los cultivos y los animales tienen menos alimento y menos insectos de los que comer. Cuando esto ocurre, la solución es no cazar esta especie, que es lo que ha ocurrido con la tórtola europea, según los técnicos.
Por otro lado, la caza mayor permite regular algo que preocupa a la administración: el incremento de la población animal de jabalí, corzo y ciervo. Según los técnicos de Medio Ambiente, especies como el corzo o el ciervo se han beneficiado del abandono de muchos cultivos y el consiguiente aumento de las superficies de matorral. Esto hace que el número de animales en ciertas zonas de la provincia como en la Sierra de Béjar o Sotoserrano haya crecido exponencialmente y suponga un problema para la siniestralidad en las carreteras, causan daños agrícolas importantes (sobre todo el jabalí) y también pueden convertirse en un problema sanitario por la transmisión de enfermedades a la cabaña ganadera. En estos casos, la autorización de cacerías, con cupos de cuántos animales se pueden abatir, ayuda a solucionar el problema.
Pedro Luis Ramos es contundente en cuanto a la necesidad de controlar estas poblaciones de animales. “Si estas especies no tienen enemigos naturales, la actividad cinegética es la única que puede controlarlo. Si esta no existiera y tuviera que encargarse del control la administración sería muy costoso”, asegura.
Un deporte defenestrado por muchos, pero que cumple su función y que debe siempre practicarse con criterios como la sostenibilidad y la planificación que determine qué especies se pueden extraer y qué cupo para que el ecosistema mantenga el equilibrio.
Un gran problema derivado de la actividad cinegética es la caza furtiva, ya que esta no se ajusta a ninguno de los criterios anteriormente expuestos. Los furtivos matan lo que quieren, donde quieren sin tener en cuenta cupos, especies, ni límites territoriales. De hecho, son muchos los cazadores y representantes de cotos de caza que han notado un incremento de está práctica en la zona de la Armuña, Campo de Peñaranda y Las Villas. Las zonas de cultivo de secano son las que más sufren a los furutivos ya que la mayoría de los ellos buscan liebres. Para cazarlas incluso entran con los vehículos en los terrenos de cultivo dañándolos y la última moda es que utilizan visores térmicos para detectar los animales en la cama, lo que hace que multipliquen sus capturas. Una práctica que lejos de ser anecdótica es bastante habitual y que suele quedar impune en la mayoría de los casos.
