La Plataforma de Bomberos Profesionales y sus colaboradores denunciaron en 2018 la licitación y pliegos convocada por la Diputación de Salamanca para la contratación del servicio de extinción de incendios y salvamento de las comarcas de Guijuelo y Ciudad Rodrigo.
El motivo de la denuncia fue que tal licitación suponía la privatización de los parques de las citadas localidades contradiciendo la normativa vigente. Aunque el Tribunal de recursos contractuales no les dió la razón en un primer momento, de forma impropia consideran, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León si les ha dado la razón de forma rotunda.
El artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público dice textualmente:
''En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca''
De esta manera, la sentencia del Tribuna Superior de Justicia de Castilla y León se limita a reiterar el mandato normativo existente y se ciñen a reproducir lo establecido de forma contundente. ''Las funciones propias del servicio de extinción de incendios y salvamento únicamente se pueden prestar por agentes de la autoridad -funcionarios públicos, ya que el ejercicio de sus funciones implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas.''
No obstante, la Diputación de Salamanca ha recurrido esta sentencia a instancias superiores, demorando así la prestación de un servicio esencial de forma legal.
A día de hoy, tal y como afirman los representantes de los bomberos, la Diputación concede una subvención de 300.000 euros al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo que a su vez la otorga a la Asociación Humanitaria Cuerpo Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo. En Guijuelo pasa algo similar, un cuerpo de ''voluntarios voluntariosos'' realiza el servicio obteniendo una remuneración mensual por ello. Lo cierto es que la ley obliga a las diputaciones a prestar este servicio en municipios de menos de 20.000 habitantes a través de una gestión directa con empleados públicos.
Es por ello, que consideran que esta resolución es histórica para que de una vez por todas se apruebe una ley que regule la profesión de bombero. Consideran también, que los argumentos que esgrimen las diputaciones para intentar gestionarlo de forma indirecta (abaratamiento de costes), son equivocados pues en realidad supone un mayor gasto para las diputaciones sin tener en cuenta que el objetivo de cualquier empresa privada u asociación es el lucro y que por lo tanto, los bomberos tendrán una peor formación, un peor material y en definitiva un peor servicio para el ciudadano.
Asimismo, han anunciado que ya se ha presentado una moción en las cortes para la tramitación urgente de una ley para la protección y extinción de incendios en Castilla y León tras haber fallado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también a su favor en las denuncias planteadas en relación a la provincia de León donde solo existen dos parques de bomberos profesionales, el de León y el de Ponferrada.
Esta situación no solo afecta a los parques de bomberos de Guijuelo y Ciudad Rodrigo pues en la actualidad otros parques de la provincia como el de Villares de la Reina o Vitigudino son de gestión privada.
