El valor estimado de los contratos de ayuda a domicilio gestionados por las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León durante el ejercicio 2022 alcanzó la cifra de 290 millones de euros. Así se desprende del informe presentado hoy en las Cortes por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en su quinta comparecencia del año. La fiscalización se centró en unos contratos de prestación de servicios cuya financiación corre a cargo de la Junta de Castilla y León en un 90%.
El servicio de ayuda a domicilio, enmarcado en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, es uno de los servicios más relevantes impulsados por las instituciones provinciales en la Comunidad. La financiación de estas prestaciones se comparte entre la Administración autonómica y las entidades locales competentes, correspondiendo a la Junta la mayor parte del coste.
El informe del Consejo de Cuentas revela que la media de los precios de adjudicación de los contratos fiscalizados se situó en 17 euros sin IVA por hora ordinaria de servicios. Sin embargo, se observaron diferencias significativas entre provincias. Los precios más elevados correspondieron a los contratos de las diputaciones de Palencia (18,39 €/hora) y de Salamanca (18,95 €/hora). En contraste, los precios más bajos se registraron en los dos lotes de la Diputación de León, con 16,06 y 15,98 euros por hora respectivamente.
Un dato relevante del informe es la relación detectada entre las bajas ofertadas por las empresas y los presupuestos de licitación. Los mayores porcentajes de baja se dieron en las diputaciones de Palencia y Zamora, que también contaban con dos de los tres presupuestos de licitación más altos, lo que sugiere una posible sobrevaloración inicial. En el caso de Salamanca, la diputación fijó el presupuesto de licitación en 19 euros por hora (el segundo más alto), pero obtuvo una baja muy poco significativa del 0,26%, lo que resultó en la adjudicación con el precio más alto de todos los contratos analizados.
El Consejo de Cuentas también constató diferencias en los servicios que reciben los usuarios y en los costes para las administraciones públicas según la provincia, a pesar de que el contenido esencial de la prestación debería ser uniforme en toda la Comunidad.
En este sentido, Mario Amilivia destacó que las instituciones que lograron los precios más bajos fueron aquellas que incluyeron en sus pliegos de contratación exclusivamente criterios de adjudicación automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas, donde la oferta económica y las mejoras suponían la mayor parte de la puntuación total. Por el contrario, los precios más altos se dieron en las diputaciones que otorgaron mayor importancia a criterios evaluables mediante juicios de valor, como Palencia y Salamanca. La Diputación de Salamanca, con un peso del 40% en criterios de valoración subjetiva, adjudicó su contrato con el precio más elevado.
En su opinión, el Consejo de Cuentas concluyó que las diputaciones de Castilla y León cumplen razonablemente con la legalidad en la contratación del servicio de ayuda a domicilio en 2022, aunque señaló diversas salvedades. Entre ellas, el incumplimiento de la obligación de remitir la documentación de formalización del contrato a la Plataforma de rendición de cuentas por parte de las diputaciones de Ávila y Salamanca, o el retraso en este trámite por parte de otras cinco diputaciones. También se observaron fórmulas matemáticas de valoración de la oferta económica con escaso recorrido y aumentos indebidos del precio por hora en la Diputación de Valladolid, así como la falta de reajuste de la garantía en Segovia y Zamora.
Como consecuencia de estas observaciones, el Consejo de Cuentas emitió doce recomendaciones, siete de las cuales afectan específicamente a la Diputación de Salamanca. Con carácter general, recomendó a todas las diputaciones comunicar las modificaciones de los contratos a la Plataforma de rendición de cuentas, evitar criterios de adjudicación no selectivos y, fundamentalmente, incluir exclusivamente criterios automáticos y valorables matemáticamente en sus pliegos para obtener adjudicaciones más ventajosas económicamente, limitando los juicios de valor dada la uniformidad normativa de la prestación. Finalmente, el Consejo sugirió establecer mecanismos de coordinación para uniformizar el procedimiento de adjudicación de estos contratos en toda la Comunidad, tanto en los servicios recibidos como en sus precios.
