El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez Quiñones, ha anunciado el compromiso de promover “de forma inmediata” la correspondiente iniciativa legislativa para modificar la vigente Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera y proceder a la supresión del artículo 46.6 que establece la exigencia de aparato taxímetro homologado y módulo luminoso exterior en los taxis interurbanos.
Durante esta semana, responsables la Consejería han celebrado reuniones con representantes de la Plataforma de Defensa del Taxi Rural y de la Federación Regional del Taxi de Castilla y León, donde se ha informado de que esta modificación de ley se articulará a través del acuerdo de la Comisión de cooperación constituida por la Comunidad Autónoma y el Estado respecto de la aplicación de la Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera.
La obligatoriedad para los taxis interurbanos de estar equipados con taxímetro homologado y rótulo exterior luminosos fue recogida en la vigente ley a través de una enmienda transaccional que obtuvo el consenso de los grupos políticos. Durante la tramitación de esta ley –aprobada el pasado año-, la enmienda promovida por el propio sector del taxi se ha demostrado de compleja aplicación técnica y competencial a todos aquellos taxis de contenido eminentemente interurbano y rural, donde la utilización de un elemento de carácter tan urbano produce distorsiones y no facilita el desarrollo de un servicio esencial para la movilidad de los pueblos de Castillas y León.
Esta situación había generado preocupación entre el sector del taxi rural, lo que ha motivado que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dé una respuesta inmediata con la modificación de la normativa que exige a los taxis estar equipados con el taxímetro y el módulo luminoso exterior.
Si bien la exigencia de taxímetro homologado y rótulo exterior luminoso no entrará en vigor hasta el 3 de enero de 2020, el compromiso asumido ahora implica promover, en la primera iniciativa legislativa que se produzca ante las Cortes de Castilla y León, la supresión del mencionado artículo, permitiendo, en su caso, a la competencia estatal y a la autonomía municipal la regulación de la exigencia de los dispositivos citados.
