Cualquier inversión es necesaria frente al COVID. Así lo entendieron 17 ayuntamientos y cuatro diputaciones provinciales de Castilla y León, que utilizaron 7,7 millones de euros de remanentes procedentes de ejercicios anteriores para actuaciones de atención social primaria frente al coronavirus en 2020.
Los 17 consistorios dedicaron 1,47 millones, el 1,12 por ciento del total de ayuntamientos españoles para este programa; y las cuatro diputaciones, 6,31 millones, el 8,5 por ciento, según la información del Ministerio de Hacienda y Función Pública a la que tuvo acceso Ical.
En España, 416 entidades locales (388 consistorios y 28 diputaciones) comunicaron un gasto de 205,38 millones en este sentido en España a cargo del superávit de 2019, que tiene consideración de inversiones financieramente sostenibles (IFS). Este gasto, por tanto, no hubiera computado a efectos de la regla de gasto, suspendida para el ejercicio 2020. Si a este importe se añaden las inversiones en este grupo de programa realizadas a cargo del superávit de 2018 (9,47 millones), la asistencia social primaria se situó el año pasado como el principal destino de IFS, con un total de 214,85 millones de euros, con casi un tercio. Le seguiría la inversión en obras públicas, que representa el 18,5 por ciento del total de 2020, y que solo pudo financiarse con el superávit de 2018.
Las diputaciones destinan 74,29 millones del superávit de 2019 a la Atención Social Primaria, el 36,2 por ciento de las entidades locales. Por su parte, 388 municipios ejecutaron este tipo de gasto por un total de 131,09 millones de euros. Solo el gasto del ayuntamiento de Madrid representa el 40 por ciento, con 52,47 millones. El primero de Castilla y León es el de Valladolid, con 7,24 millones.
Si bien la atención social primaria fue el principal destino de las IFS en 2020, en total, el superávit permitió dedicar inversiones financieramente sostenibles por 1.160,50 millones de euros en España, de los cuales 625,39 son proyectos ejecutados íntegramente en 2019 y 535,11 millones financiaron inversiones finalizadas en 2020 e iniciadas el año anterior. Estos 1.160,50 millones, que corresponden al superávit de 2018, suponen un 44,5 por ciento del importe posible.
De los 535,11 millones que se destinaron a inversiones finalizadas el pasado año, 26,69 millones corresponden a 37 entidades locales de Castilla y León, la cifra más baja de los últimos siete años y un 65,8 por ciento menos que en 2019. Se trata del cinco por ciento del total nacional. De ellos, 34 promotores son ayuntamientos, que invirtieron 21,2 millones de su superávit de 2018, y 5,45 millones, a tres diputaciones provinciales.
En España, según la información recibida, a cargo del superávit de 2018 han comunicado para 2020 inversiones financieramente sostenibles un total de 328 entidades (307 municipios y 21 diputaciones provinciales). Del importe total de 535,11 millones, 423,55 fueron ejecutadas por ayuntamientos y 111,55 por diputaciones.
Por otra parte, los 1.534,06 millones de euros del superávit de 2019, que según la ley hubieran podido emplearse en inversiones financieramente sostenibles de haberse prorrogado esta disposición con carácter general en 2020, quedan limitados por real decreto ley que sí autorizaba su uso, destinados a vehículos no contaminantes e infraestructuras asociadas. Así el límite agregado se situaría en 407,38 millones, de los cuales las entidades han ejecutado en 2020 y prevén para 2021 un total de 256,53 millones, el 63 por ciento del límite permitido.
