La magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca ha absuelto a V.G.P., un contratista qque estaba acusado de un presunto delito de estafa por el que la acusación particular solicitaba una condena de tres años de prisión, debido a que dejó a medias la obra de remodelación de un piso en la Gran Vía.
Así pues. el litigio ha quedado sin efecto penal, aunque la acusación particular se reserva la potestad de poder iniciar acciones legales por vía civil.
El juicio tuvo lugar el pasado 11 de octubre. El hombre fue contratado en diciembre de 2015 por una pareja para que reformara su nuevo piso, ubicado en la Gran Vía de la capital salmantina. Los afectados se pusieron en contacto con él después de ver un anuncio de sus servicios en televisión. "Nos reunimos con él, nos dio una buena impresión ya que nos explicó que era una empresa con experiencia, que contaba en plantilla con sus albañiles y no los tenía que subcontratar", explicaron
Acordaron un presupuesto que ascendía a 33.000 euros, dando un primer pago de 10.000 euros. Fue en ese momento cuando, según lo afirmado en el juicio por los distintos testigos, se sucedieron una serie de cuestiones por las que la obra se detuvo sólo cuatro días después de iniciarse.
Así, los tres albañiles a los que "contrató" afirmaron que apalabraron de forma verbal con el acusado un cobro en mano por sus servicios, absolutamente en negro y sin declarar nada al fisco, ya que no firmaron ningún contrato; y que la obra se paró porque "nos dijo que nos iba a dar de alta en la Seguridad Social y pasaban los días y no lo hacía".
Por todo esto, el representante del Ministerio Fiscal señaló que la forma de trabajar del acusado dejaba mucho que desear, especialmente con sus obligaciones fiscales. "Lo contado en este juicio es una chapuza más de las que se han dado en materia de construcción en este país durante mucho tiempo", pero desestimó considerar el modus operandi del acusado como un delito penal, por lo que no realizó acusación.
El abogado de la acusación particular, por su parte, mantuvo su petición de tres años de prisión, afirmando con rotundidad que lo acontecido en el juicio había emostrado que en ningún caso el acusado quería trabajar y realizar la obra, por lo que le consideraba autor de un delito de simulación contractual.
