La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido en la mañana de este lunes, 21 de octubre, la celebración del juicio contra dos personas acusadas de defraudar a Hacienda más de 1,1 millones de euros.
El primer procesado, administrador de una sociedad con domicilio fiscal en Carbajosa de la Sagrada durante 10 años, ha reconocido los hechos por los que se le imputa, alegando que tenía problemas con el IVA soportado y que buscó la "solución fácil" para solventarlos; esto es, elaborar facturas falsas que no se correspondían con casi ninguna relación comercial real.
Asimismo, A.M.D también ha admitido que dentro de dicha sociedad se realizaban compras tanto en 'blanco' como en 'negro'.
En lo que a la relación que existía entre el declarante y el otro acusado en el momento de los hechos, en 2014, A.M.D ha indicado que contactó con V.M.C.S a través de internet y, éste, le "cubrió el déficit de IVA soportado con facturas falsas que se hacían a nombre de determinadas sociedades".
Además, se ha señalado que se producían transferencias periódicas al otro acusado con un importe total de 100.000 euros, de los cuales 60.000 no tenían concepto y, por tanto, se desconoce el motivo por el que se realizaron.
A.M.D no ha sabido responder cuál fue el motivo por el que efectuó las citadas trasnferencias.
A.M.D se ha acogido a su derecho de no responder a las preguntas formuladas por la defensa de V.M.C.S, concluyendo entonces su intervención ante el tribunal.
La declaración del segundo acusado, V.M.C.S, ha sido mucho más breve ya que, únicamente, ha respondido a las preguntas de su defensa.
En su testificación, ha alegado conocer a A.M.D porque, en algún momento, ejerció de transportista de las mercancías que vendía la sociedad investigada.
Este vínculo laboral, ha señalado el declarante, generó problemas entre ambos llegando, ha asegurado ante el tribunal, "casi a las manos".
Ha concluido su concisa declaración refiriendo haber sido incriminado en la trama por la enemistad existente entre él y el otro acusado.
Se les acusa de un delito fiscal agravado por la cuantía estafada a la Agencia Tributaria, además de un delito continuado de falsedad documental que se prolongó por espacio de 6 meses, por lo que se solicita un año y seis meses de prisión para A.M.D, junto a una multa de 1,1 millones de euros y, por otra parte, cuatro años de prisión y 2,2 millones de euros de multa para V.M.C.S.
El caso ha quedado visto para sentencia.
