La Audiencia Provincial ha condenado a una mujer de dos años de prisión y 35.000 euros de indemnización por un delito de estafa cometido en 2013 en torno a una parcela sita en Aldeatejada ofertada a través de una inmobiliaria, sobre el que se firmó un contrato de arras penitenciales.
De esta manera, tras ponerse en contacto con esta, se fijó el precio en 80.000 euros y la forma de pago, aplazado. Así, el 4 de abril de 2013, y antes de la firma del contrato redactado por la inmobiliaria, la ahora condenada aportó una copia de la escritura pública que acreditaba que era la titular de la misma.
Antes del momento de la firma y a petición de los compradores, se desplazaron a un despacho de abogados de la confianza de estos, para examinar el contrato. Tras el visto bueno de estos, se procedió a la firma del contrato privado de arras penitenciales.
En este, según lo estipulado, la vendedora recibió en metálico 24.000 euros a cuenta del precio final de la parcela. Mientras, los siguientes 22 meses, a razón de 500 euros al mes, el pago se realizó mediante transferencia a la cuenta bancaria de la vendedora en concepto de "pago parcelas" hasta un total de 11.000 euros.
Sin embargo, y tras intentar contactar con la ahora condenada en numerosas ocasiones, solicitaron a finales de febrero de 2015, una nota simple informativa en el registro de la propiedad en el que advierten que el verdadero dueño de la parcela era el Banco Popular y no la vendedora, como así lo había acreditado. De hecho, esta lo había sido hasta el 29 de diciembre de 2011, cuando fue inscrita a favor del banco por adjudicación en subasta.
De esta manera, la acusada había recibido un total de 35.000 euros de los compradores de manera ilegal y hasta la fecha del juicio ninguna cantidad les había reintegrado. Por ello, el Tribunal le ha condenado por el delito de estafa consumado.
