Una bejarana ha sido condenada por la Audiencia Provincia por estafar, al menos, cerca de 180.000 euros de tarjetas robadas que blanqueaba a través de la compra de criptomonedas. Eso sí, no entrará en prisión al no tener antecedentes penales, aunque estará tres años con la pena suspendida.
Los hechos probados y que la propia acusada reconoció fueron que ella, como parte de un entramado internacional dedicado a la estafa, recibía la numeración de tarjetas bancarias de personas extranjeras que habían sido sustraídas en un terminal de punto de venta (TPV) virtual contratado por ella.
Con estas tarjetas se realizaba ingresos a través de una página web creada por ella misma y que simulaba ser una casa de compraventa de bitcoin -era una copia de otros sitios web- pero que no estaba operativa al público. El objetivo era simular que la salmantina ejercía una actividad profesional de manera legal y así tener acceso a un TPV y asociarlo a cuentas bancarias para dar apariencia de legalidad a los cargos efectuados en las tarjetas obtenidas fraudulentamente.
Así, lo que hacía era comprar criptomonedas en la página creada por ella falsamente, ya que con ello justificaba sus actividades fraudulentas y los ingresos percibidos ante terceros y ante el banco para contratar la TPV virtual, que fue dado de alta el 7 de mayo de 2016 y procesaba sus operaciones con Caja Rural de Salamanca. De hecho, en una de sus cuentas llegó a hacerse ingresos en menos de un año de cerca de 40.000 euros.
Posteriormente, una vez ingresadas las cantidades correspondientes a las transacciones, la acusada transfería el dinero a una cuenta a su nombre en el portal online de compraventa de criptomonedas llamada Kraken Payward LTD, ubicada en Reino Unido, y realizaba compra de moneda virtual.
Esto lo hacía para blanquear el dinero estafado, puesto que la moneda virtual le permitía ocultar su origen ilícito, dificultar su seguimiento y transferirlas a otras personas con las que colaboraba. Igualmente, por todas estas actividades, la acusada se quedaba unos 1.000 euros al mes.
En ese mismo período en el que se hizo ingresos de 40.000 euros a una cuenta de Caja Rural, por ejemplo, realizó compras en la página de criptomonedas por un valor de 30.000 euros. Pero no solo eso, sino que también había realizado un gasto de más de 120.000 euros en la misma página en un período de tiempo similar.
Así, investigando, la Guardia Civil constató que hacía estafado 136.964 euros, si bien había intentado sustraer más de 300.000 euros de tarjetas de diversos países, por lo que la cifra total podría ascender a, al menos, cerca de los 180.000 euros.
Fue el 11 de junio de 2018 cuando los agentes entraron en el domicilio de la acusada, que colaboró en todo momento con ellos y les facilitó la documentación y las contraseñas de su ordenador y correo electrónico.
Finalmente, en el juicio celebrado, la acusada se declaró culpable, motivo por el que se le condenó a dos años de prisión por un delito continuado de estafa, así como a una multa de ocho meses con una cuota diaria de cuatro euros (en total, 960 euros), inhabilitación especial para empleo o comercio por internet consistentes en gestión de terminal en punto de venta TPV y operaciones con monedas virtuales por tiempo de 5 años y al pago de las costas procesales.
