La Audiencia Provincial celebrará en la mañana de este miércoles, 10 de junio, a partir de las 10:00 horas, el juicio contra los presuntos integrantes de una organización criminal acusada de captar mujeres latinoamericanas mediante falsas ofertas de empleo para explotarlas sexualmente en distintos pisos prostíbulo de la provincia de Salamanca. La vista oral llega después de que el pasado 9 de marzo no se alcanzara un acuerdo entre las partes, por lo que el procedimiento continuará ahora en sede judicial.
La causa tiene su origen en una operación desarrollada por la Policía Nacional que permitió desarticular una red presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El dispositivo policial se saldó con la detención de 12 personas, seis de las cuales ingresaron en prisión preventiva, así como con la identificación de 17 víctimas y la realización de cinco entradas y registros en inmuebles vinculados a la actividad de la organización.
La investigación comenzó gracias a una denuncia recibida a través del correo electrónico trata@policia.es, una herramienta habilitada por la Policía Nacional para facilitar la colaboración ciudadana en la detección de posibles casos de trata de seres humanos. Este canal, junto con la línea telefónica gratuita y confidencial 900 10 50 90, permite comunicar de forma anónima situaciones relacionadas con este tipo de delitos.
A raíz de las primeras pesquisas, los investigadores lograron confirmar la existencia de una organización criminal asentada principalmente en Salamanca y dedicada presuntamente a la captación, traslado y explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. Según la investigación, el entramado contaba con una estructura perfectamente organizada y jerarquizada, con funciones claramente definidas para cada uno de sus integrantes.
Las víctimas, todas ellas de origen latinoamericano, eran captadas a través de una red social en la que se difundían supuestas ofertas de trabajo en España. Los anuncios prometían una oportunidad para mejorar su situación económica y ayudar a sus familias desde el extranjero. Sin embargo, una vez aceptaban la propuesta y viajaban hasta España, la realidad era muy distinta a la que les habían prometido.
Según los datos recopilados por los agentes, al llegar al país las mujeres eran despojadas de su documentación y quedaban bajo el control de la organización. Su situación administrativa irregular, unida al miedo a posibles represalias y a la dependencia generada por la red, impedía que denunciaran los hechos ante las autoridades.
Posteriormente eran distribuidas entre los distintos pisos prostíbulo gestionados por el grupo criminal, donde se les imponían unas condiciones de vida y trabajo extremadamente duras. De acuerdo con la investigación policial, las mujeres debían permanecer disponibles para atender a clientes durante las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, sin apenas descanso y bajo una vigilancia constante.
Además, únicamente percibían el 50 por ciento de los beneficios obtenidos por los servicios sexuales realizados, mientras que el resto quedaba en manos de la organización. Las víctimas también estaban sometidas a un sistema de multas y sanciones económicas cuando incumplían cualquiera de las normas impuestas por los responsables de los inmuebles.
La investigación revela igualmente que las mujeres sufrían un estricto control de movimientos. Sus salidas al exterior eran limitadas y, en muchos casos, se veían obligadas a permanecer prácticamente recluidas en los pisos donde ejercían la prostitución. Los agentes describen unas condiciones de vida precarias e infrahumanas que reforzaban la situación de sometimiento y dependencia.
Otro de los aspectos destacados de la operación fue la detección de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Según la Policía Nacional, las víctimas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes y los responsables de los pisos también facilitaban drogas a los clientes cuando estos las demandaban. Esta circunstancia permitió a los investigadores vincular a algunos de los implicados con presuntos delitos contra la salud pública.
La fase operativa culminó con la entrada y registro simultáneo en cinco inmuebles y casas de citas situados en diferentes puntos de la provincia de Salamanca. Durante los registros, los agentes detuvieron a 12 miembros de la organización e intervinieron 21.000 euros en efectivo, 51 gramos de cocaína, varios datáfonos utilizados para el cobro de los servicios sexuales y abundante documentación relacionada con la actividad investigada.
Durante la celebración del juicio prevista para este miércoles, la Audiencia Provincial analizará ahora las pruebas recabadas durante la investigación y las responsabilidades penales de los acusados en la causa. Para los principales cabecillas del entramado criminal, el Ministerio Fiscal solicita penas de más de 15 años de prisión.
