Captadas por redes sociales y explotadas en pisos prostíbulo: a juicio la organización criminal acusada de esclavizar sexualmente a 17 mujeres en Salamanca 

A raíz de las primeras pesquisas, los investigadores lograron confirmar la existencia de una organización criminal asentada principalmente en Salamanca y dedicada presuntamente a la captación, traslado y explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. Según la investigación, el entramado contaba con una estructura perfectamente organizada y jerarquizada, con funciones claramente definidas para cada uno de sus integrantes.

Las víctimas, todas ellas de origen latinoamericano, eran captadas a través de una red social en la que se difundían supuestas ofertas de trabajo en España. Los anuncios prometían una oportunidad para mejorar su situación económica y ayudar a sus familias desde el extranjero. Sin embargo, una vez aceptaban la propuesta y viajaban hasta España, la realidad era muy distinta a la que les habían prometido.

Según los datos recopilados por los agentes, al llegar al país las mujeres eran despojadas de su documentación y quedaban bajo el control de la organización. Su situación administrativa irregular, unida al miedo a posibles represalias y a la dependencia generada por la red, impedía que denunciaran los hechos ante las autoridades.

Posteriormente eran distribuidas entre los distintos pisos prostíbulo gestionados por el grupo criminal, donde se les imponían unas condiciones de vida y trabajo extremadamente duras. De acuerdo con la investigación policial, las mujeres debían permanecer disponibles para atender a clientes durante las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, sin apenas descanso y bajo una vigilancia constante.

Además, únicamente percibían el 50 por ciento de los beneficios obtenidos por los servicios sexuales realizados, mientras que el resto quedaba en manos de la organización. Las víctimas también estaban sometidas a un sistema de multas y sanciones económicas cuando incumplían cualquiera de las normas impuestas por los responsables de los inmuebles.

La investigación revela igualmente que las mujeres sufrían un estricto control de movimientos. Sus salidas al exterior eran limitadas y, en muchos casos, se veían obligadas a permanecer prácticamente recluidas en los pisos donde ejercían la prostitución. Los agentes describen unas condiciones de vida precarias e infrahumanas que reforzaban la situación de sometimiento y dependencia.

Otro de los aspectos destacados de la operación fue la detección de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Según la Policía Nacional, las víctimas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes y los responsables de los pisos también facilitaban drogas a los clientes cuando estos las demandaban. Esta circunstancia permitió a los investigadores vincular a algunos de los implicados con presuntos delitos contra la salud pública.

La fase operativa culminó con la entrada y registro simultáneo en cinco inmuebles y casas de citas situados en diferentes puntos de la provincia de Salamanca. Durante los registros, los agentes detuvieron a 12 miembros de la organización e intervinieron 21.000 euros en efectivo, 51 gramos de cocaína, varios datáfonos utilizados para el cobro de los servicios sexuales y abundante documentación relacionada con la actividad investigada.

Durante la celebración del juicio prevista para este miércoles, la Audiencia Provincial analizará ahora las pruebas recabadas durante la investigación y las responsabilidades penales de los acusados en la causa. Para los principales cabecillas del entramado criminal, el Ministerio Fiscal solicita penas de más de 15 años de prisión.