"De toda aquella vida solo queda el horror. ¿Qué pasó en Almería?"
Así entonaba Carlos Cano en 1983 uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente.
Plagado de dolor, sombras, incertidumbre y crueldad, el conocido como 'Caso Almería' sigue, hoy día, siendo una herida abierta en la memoria colectiva de España.
Corría el 10 de mayo de 1981 y la madrugada despuntaba. A las seis de la mañana, en el kilómetro 8 de la carretera C-326, a la altura del municipio almeriense de Gérgal, se halló un vehículo volcado y calcinado. En su interior, había tres cadáveres acribillados a tiros y brutalmente mutilados; dos de ellos, se alegó en su momento, sin extremidades.
El atentado y una confusión fatal
Dos días antes de tener lugar este trágico hallazgo, el general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, estuvo a punto de morir en un atentado cuya autoría corrió a cargo de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en la calle madrileña Conde de Peñalver; Valenzuela, quien estuvo veinticuatro días ingresado producto de las lesiones sufridas no murió, pero sí lo hicieron sus tres acompañantes.
Los periódicos abrieron sus números con las fotos de los tres asesinos responsables del ataque terrorista, solicitando colaboración ciudadana para dar con su paradero. Una fatídica coincidencia quiso que Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero García, natural de La Fuente de San Esteban, emprendieran un viaje desde Santander, donde los tres trabajaban, a Almería con motivo de acudir a la primera comunión del hermano de uno de ellos en Pechina.
Durante el trayecto, el vehículo en el que viajaban sufrió una avería y, por este motivo, tuvieron que hacer una parada en Manzanares.
Un hombre que concidió con ellos los identificó erróneamente como los tres etarras fugados.
La detención y los interrogatorios
Una vez hubieron alquilado un nuevo vehículo, continuaron su travesía hasta Almería donde pasaron la noche y, a la mañana siguiente, se dirigieron hasta Roquetas de Mar.
La Guardia Civil, en ese momento, ya estaba avisada de que “tres peligrosos terroristas armados” se encontraban en Almería, pesando sobre ellos una orden de busca y captura. Una vez fueron localizados en un bar de Roquetas de Mar, once agentes de la Benemérita sorprendieron a los tres jóvenes al grito de “manos arriba, contra la pared”.
Logrado lo anterior, los maniataron y los trasladaron primero desde Roquetas de Mar hasta el cuartel de la Guardia Civil de Almería para, después, llevarlos hasta Cabo de Gata para interrogarlos en un cuartel abandonado conocido como Casasfuertes. Tal y como se supo a posteriori, los interrogatorios incluyeron palizas y torturas en busca de una confesión que nunca se produjo.
La familia de Juan Mañas, inquieta al ver que no se habían personado en la comunión del hermano menor de este, se acercó hasta el cuartel de la Guardia Civil buscando respuestas, sin éxito.
El hallazgo y un juicio histórico
Un día después de la desaparición, fue hallado en un barranco de la carretera de Gérgal el coche en el que viajaban los tres jóvenes, quemado y despeñado, con las tres víctimas en su interior.
La Guardia Civil, al ser preguntada al respecto, aseguró que los detenidos habían intentado fugarse y que, por este motivo, se habían visto obligados a disparar; coartada que, posteriormente, fue desmontada con motivo de numerosas incongruencias tanto en los testimonios como en la escena del crimen.
Por su parte, la Dirección General de la Benemérita, de forma inmediata una vez tuvo constancia de lo ocurrido, lanzó un comunicado en el que alegaron que "con independencia de la actuación judicial que se está llevando a cabo sobre los hechos acaecidos en la madrugada del día 10 en la provincia de Almería en que resultaron muertas tres personas, la Dirección General de la Guardia Cvil ha odenado la apertura de la información correspondiente con el fin de tener a la mayor brevedad posible el conocimiento más exacto de los hechos para prestar colaboración a la autoridad judicial".
El juicio del caso Almería se celebró un año después, con la incansable lucha de los familiares por que se hiciera justicia.
Las presiones por aquel entonces eran más que notorias, puesto que era la primera vez que se juzgaba ante un tribunal a agentes de la Guardia Civil después de la muerte de Franco; eso sí, en el banquillo se sentaron únicamente tres agentes de la Benemérita, uno de ellos el tenientecoronel Castillo Oquero.
En la sentencia, por su parte, se recogió que "el teniente coronel Castillo y sus hombres torturaron hasta la muerte a los tres detenidos en un cuartel abandonado llamado Casasfuertes y que, posteriormente, y con el fin de eliminar evidencias, despeñaron el vehículo por un terraplén, le dispararon numerosas veces y le prendieron fuego".
La sala condenó a 24 años de prisión mayor al teniente coronel, a 15 años de prisión menor al teniente ayudante Gómez Torres y a 12 de prisión menor al guardia Fernández Llamas, todos ellos con la atenuante de cumplimiento del deber, al considerarlos culpables de tres delitos de homicidio.
El ministro de Interior de la época, Juan José Rosón, alegó que aquel episodio fue “un trágico error”, puesto que las tres víctimas nada tenían que ver con ETA ni con el atentado contra Valenzuela.
El 20 de enero de 2023, cuarenta y dos años después de la tragedia, el Gobierno entregó diplomas de reparación a los familiares de los tres jóvenes en presencia de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
Este caso no es sino una muestra de que las instituciones deben ser siempre garantes de ley y justicia y que, cuando fallan, han de responder por sus errores sin que ello implique condenar a todos sus miembros.
