La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado sentencia, condenando a los dos acusados de explotar a mujeres chinas en un burdel de la avenida Portugal a penas que, en conjunto, suman más de 10 años de prisión.
A J.A.S se le imponen 3 años por dos delitos de trata de seres humanos en concurso con prostitución coactiva sumando, en total, 6 años de cárcel.
Además, se le imponen órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación, no pudiéndose acercar a menos de 250 metros de las testigos protegidas por un periodo de 5 años.
Tras cumplir la pena de prisión, ha sido condenado a 4 años de libertad vigilada.
La mujer, por su parte, cumplirá 4 años y 6 meses de prisión por dos delitos de prostitución coactiva. A ello se le suma que, por un periodo de 13 meses, deberá abonar una cuota diaria de 6 euros y, por cada dos cuotas impagadas, se sumará un día de prisión.
En lo que las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación respecta, la duración será de 4 años y la libertad vigilada, una vez salga de prisión, se mantendrá durante 3 años.
Asimismo, cada uno de ellos deberá abonar 8.000 euros en concepto de indemnización a las víctimas.
Las víctimas debían estar disponibles 24 horas
Cabe recordar que el piso en el que se explotaba sexualmente a mujeres de origen chino fue desmantelado por agentes de la Policía Nacional de Salamanca, encabezados por el Grupo Operativo de Extranjería, el 15 de octubre de 2024.
Tal y como ha considerado probado el tribunal, la principal acusada, una mujer de nacionalidad china actualmente en paradero desconocido y sobre la que pesan órdenes europeas e internacionales de detención desde octubre de 2024, era la cabecilla una actividad de explotación sexual de mujeres chinas trasladadas a España siendo engañadas con falsas ofertas de trabajo.
Según se recoge en el escrito, al menos desde mediados de 2019 y durante 2023 y 2024, varias mujeres en situación de necesidad económica fueron trasladadas desde China hasta Salamanca con la promesa de trabajar en sectores como la estética, la hostelería o la restauración. Sin embargo, a su llegada a la capital del Tormes eran obligadas a ejercer la prostitución en el piso de la avenida Portugal, sometiéndose a condiciones de control permanente a través de cámaras de vigilancia.
Las víctimas debían permanecer disponibles las 24 horas del día, con salidas limitadas a una hora diaria, y atender cualquier petición de los clientes, incluso si solicitaban mantener relaciones sexuales sin protección. De los servicios prestados, las víctimas recibían únicamente el 50% del importe abonado por los clientes.
La resolución judicial sitúa al acusado J.A.S, ex pareja de la acusada fugada, como colaborador en la trama desde al menos 2021 hasta octubre de 2024. Durante ese periodo, el hombre habría trasladado a mujeres desde el aeropuerto de Madrid al piso, instalando cámaras de vigilancia y facilitado desplazamientos para garantizar el ejercicio de la prostitución.
Asimismo, la acusada L.W asumió durante el mes de octubre de 2024 funciones de gestión en el piso, encargándose de la atención a clientes, cobro de los servicios sexuales y reparto del dinero obtenido entre las víctimas.
La actividad habría generado ingresos próximos a los 180.000 euros durante el año 2023, superando en algunos meses los 23.000 euros, según la documentación intervenida en el registro policial practicado el 15 de octubre de 2024.
L.W permanece en prisión provisional desde esa fecha, mientras que J.A.S, por su parte, quedó en libertad tras el pago de fianza días después.
