En 1979, la directora Pilar Miró rodó El Crimen de Cuenca, una película crudísima, basada en unos terribles hechos reales ocurridos a comienzos del siglo XX y que mostraba que, hace más de cien años, la incomunicación entre personas y poblaciones podía generar graves problemas. Sin teléfonos móviles, sin coches, sin Internet, sin correos electrónicos o sin televisión alguien podía tomar la decisión de abandonar su pueblo para marcharse a otro situado a cien kilómetros de distancia y los más próximos podían llegar a la conclusión de que su vecino había muerto... o le habían matado.
Algo así pudo pasar con Juliana Martín González. Juliana era una joven que, en 1899, trabajaba como guardesa del apeadero situado en Las Torres, en la vía férrea que comunicaba Salamanca con Plasencia. Las Torres estaba muy cerca de Arapiles, localidad en la que residía una familia cuyos miembros mantenían lazos de amistad con Juliana. Seguramente esta familia, por aquello de la incomunicación de la época, desconocía que la mujer, nacida en Ciudad Rodrigo, contaba con relevantes antecedentes penales por robo y estafa.
El 11 de junio de 1899, Juliana supo que sus amigos, el matrimonio formado por Francisco González y Bernardina Hernández, no iba a estar al día siguiente en casa, ya que tenía que acudir a una boda en Aldeatejada; por lo que armó un plan para robarle el dinero que guardase en su domicilio. La mujer se presentó sobre las 20:00 horas del día 12 en la casa y en ella encontró al padre de Bernardina, un anciano casi ciego llamado Casiano Hernández, al que le pidió dinero. El hombre se enfadó y la insultó, "la ultrajó en su honra", según la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, llegando a darle un golpe con el mango de un hacha.
Ciega de ira, Juliana se abalanzó sobre el anciano, le atacó con un cuchillo y con el mismo hacha —aunque con el filo, en su caso— le asestó varios golpes en la cabeza, partiéndole el cráneo en dos y provocándole instantáneamente la muerte. Luego rebuscó en las estancias el dinero que no encontró. Al tratar de escapar, sin embargo, fue sorprendida por varios vecinos que comprobaron que la mujer llevaba la ropa ensangrentada.
El juicio
Juliana Martín fue juzgada en la Audiencia Provincial de Salamanca, en un proceso con jurado popular, el 12 de febrero de 1900. El Ministerio Fiscal solicitó en su escrito de conclusiones provisionales una pena de 20 años de prisión y el pago de 3.000 pesetas a la familia del fallecido. La defensa, por su parte, alegó que la mujer fue a pedir un préstamo a Francisco González y, al encontrar al anciano en la casa, que comenzó a insultarla y a golpearla, temió por su propia vida y tuvo que matarlo.
Sin embargo, tras el desarrollo del juicio, el fiscal cambió su calificación, indicando que la autora de los hechos había actuado con alevosía, en casa de la víctima, abusando de la confianza del anciano "que era inválido" y con reincidencia, porque ya había sido condenada por estafa. Finalmente, solicitó para Juliana la pena de muerte, que fue ratificada por el veredicto del jurado y de la propia Audiencia Provincial. Posteriormente, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la defensa y confirmó el fallo.
La reacción de Salamanca
Ya en 1900, la oposición popular al garrote vil en España era palpable (y eso que, al final y por otras circunstancias, se acabó utilizando hasta 1974). Además, Salamanca y su Universidad contaba entonces con el hombre que pasó a la historia como el mayor abolicionista del país, el penalista y criminólogo Pedro Dorado Montero (1861-1919). Así, la opinión pública salmantina entendió que el crimen era horrendo, pero que la condena a muerte lo era aún más. Y se movilizó para conseguir el indulto.
"Ni el crimen cometido por Juliana es tan monstruoso que se salga de los límites de lo ordinario, ni hemos de prescindir de excitar los sentimientos humanitarios de nuestros representantes en Cortes, autoridades civiles y eclesiásticas, prensa periódica y particulares influyentes para que, unidos por los vínculos de una caridad cristiana bien entendida e inspirados en el afecto a esta querida ciudad, logren que el poder central aconseje a la Regente el ejercicio de su más hermosa prerrogativa en favor de la infeliz Juliana y eviten a la capital de la provincia un espectáculo que pugna con el progreso de las más modernas sociedades", publicó El Adelanto el 1 de mayo de 1900.
Las diferentes instituciones salmantinas intentaron conseguir el perdón real al menos hasta tres veces, pero ni el Gobierno de Francisco Silvela ni la reina regente María Cristina de Austria tuvieron la más mínima consideración por la condenada. Mientras tanto, las tiradas diarias de los periódicos se agotaban.
En capilla
"Esta mañana a las cinco ha llegado a esta ciudad, custodiado por una pareja de la Guardia Civil, el verdugo de la Audiencia Territorial de Burgos, el cual se hospeda en la cárcel pública. Mañana a las dos de la tarde será puesta en capilla la reo del crimen de Arapiles, Juliana Martín, quien, si Dios no lo remedia, será ajusticiada a las ocho de la mañana del miércoles", publicó el 24 de septiembre el Noticiero Salmantino.
"Todo era lúgubre y siniestro en aquel recinto; nadie se atrevía a levantar la voz y acaso los gemidos desgarradores de la infeliz Juliana fueron los únicos que turbaron el sepulcral silencio que reinaba en la cárcel salmantina. Juliana Martín tenía gran confianza en el indulto, a pesar de las terribles alternativas porque ha atravesado; así se explican los gritos espantosos que lanzó al serle notificada la sentencia. También produjo tristísima impresión el espectáculo que ofrecieron las reclusas que desde las rejas de sus calabozos presenciaron la conducción de la reo desde su celda a la capilla. Todos los ojos vertían lágrimas y todos los pechos exhalaban gemidos de dolor y de clemencia", decía El Adelanto el día que fue ejecuta Juliana.
Juliana Martín fue ajusticiada en el patio de la cárcel de Salamanca el 26 de septiembre del año 1900, ante la mirada del tribunal que la juzgó y la de los cofrades de la Hermandad de la Misericordia.
