En noviembre de 2024, un episodio ocurrido en un gran establecimiento comercial de Salamanca pasó inicialmente desapercibido pero, curiosamente, ahora toma sentido dentro de una investigación de relevancia nacional y lo posiciona a la rigurosa orden del día.
El día 11 del citado mes, una familia compuesta por tres personas, dos mujeres y un hombre, fue interceptada por agentes de la Policía Nacional tras despertar las sospechas del personal del centro.
Tal y como avanzó el periódico La Razón, la primera alerta saltó cuando la familia intentó adquirir una joya cuyo precio superaba los 1.000 euros utilizando una tarjeta bancaria a nombre de Ignacio Torán. Sin embargo, la operación no llegó a completarse con éxito porque los empleados exigieron cierta documentación que no tenían en su poder para formalizar la compra.
Pese a haber fracasado en un primer intento, los tres integrantes de la familia no cejaron en su empeño y comenzaron a comprar de manera un tanto compulsiva: albornoces o toallas se acabaron mezclando en los carros con productos como un Samsung Galaxy o un iPhone 16, pasando por un robot de limpieza o unos airpods. El importe superó los 4.000 euros, un gasto que dada la rápidez con la que se había llevado a cabo, y siendo más que poco habitual, alertó al jefe de seguridad, quien terminó dando aviso a la Policía Nacional.
Curiosamente, previa a la llegada de los agentes al lugar, el vigilante confirmó que quien realizaba los pagos y tecleaba el PIN de la tarjeta era la hija del matrimonio.
Una vez varios efectivos de Policía Nacional de Salamanca se personaron en el lugar, procedieron a interceptar a la familia, que en ese momento ya acumulaba productos cuyo valor superaba los 11.000 euros.
Tras la intervención, las tres personas fueron trasladadas a dependencias policiales.
Ahora bien, la pregunta que surge es inevitable: quiénes eran estas personas y por qué utilizaban una tarjeta a nombre de Ignacio Torán, señalado como uno de los presuntos cabecillas de una trama de narcotráfico relacionada con el exjefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez.
Ignacio Torán, la cuidadora de su hijo y una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína
La trama relacionada con el exjefe de la UDEF de Madrid, y cuya investgación está dirigida por la Audiencia Nacional, posiciona a Torán como uno de los personajes clave dentro de un complejo entramado criminal dedicado al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de capitales.
Según apuntan, la red habría logrado introducir en España decenas de contenedores con droga, con un volumen aproximado que superaría las 70 toneladas y de las que solo una parte logró llegar a ser intervenida. A cambio, se habrían llevado a cabo pagos millonarios y se habrían logrado esquivar controles gracias Sánchez, en cuyo domicilio se hallaron 20 millones de euros en efectivo.
Para ocultar el origen ilícito del dinero, los investigadores refieren que Torán habría creado un entramado empresarial sin actividad real, ejerciendo de interlocutor con el exjefe de la UDEF y de principal responsable de asegurar la llegada de la cocaína.
Curiosamente, una de las protagonistas de este episodio ocurrido en la capital del Tormes ya había aparecido en los radares policiales apenas unos días antes, concretamente, el 9 de noviembre de 2024, cuando se produjo la detención de Torán en su propio domicilio. Fue allí donde la mujer de mayor edad fue detenida para, posteriormente, ser puesta en libertad.
De hecho, en la declaración de esta mujer durante su estancia en las dependencias policiales salmantinas, explicó que había trabajado como empleada del hogar y cuidadora del hijo de Torán durante los meses de junio a septiembre de 2023, y de nuevo desde el 20 de septiembre de 2024 hasta el momento de su arresto.
Alegó también que, cuando Torán recibía visitas, ella abandonaba la casa y que, por ende, ella nunca llegó a ser testigo de nada que pudiera ser considerado, bajo su criterio, como sospechoso.
Tal y como relató, a modo de forma de pago por los últimos meses de trabajo de 2024, Torán le habría entregado una tarjeta bancaria metálica con la indicación de que realizara compras hasta alcanzar los 10.000 euros, cantidad que presuntamente le debía. Dicho y hecho y con esta premisa, el matrimonio se desplazó a Salamanca con el fin de visitar a su hija y gastar el dinero en el establecimiento de la ciudad en el que se produjo la intervención policial.
Ahora, en febrero de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decretado el ingreso en prisión provisional, sin fianza, de Ignacio Torán, apenas tres días después de su detención por presuntos delitos de blanqueo de capitales. El magistrado le imputa, además, graves delitos de tráfico de drogas en bajo el entramado de una organización criminal.
Torán se acogió a su derecho a no declarar y la Fiscalía solicitó su encarcelamiento al apreciar riesgo de fuga, dada la rapidez con la que avanza la investigación y la cercanía de una posible fecha de juicio.
Es importante recordar que Torán ya había sido puesto en libertad en abril de 2025, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apreciara una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad, al no haberse facilitado a su defensa elementos esenciales de la causa para recurrir la privación de libertad.
