Durante el pasado mes de mayo la Guardia Civil en el transcurso de la operación Taller II, que se enmarca dentro del plan de intensificación de inspecciones a talleres mecánicos, llevaron a cabo 2.804 inspecciones e interpusieron 5.473 denuncias de carácter administrativo que han sido tramitadas por los órganos competentes de las diferentes Comunidades Autónomas.
La mayoría de las denuncias interpuestas han sido motivadas por vertido de residuos incumpliendo la normativa medioambiental o por la carencia de licencia municipal y autorización autonómicas por parte de los talleres. Como consecuencia de ello, al finalizar y analizar los resultados de esta operación, un total de 128 talleres ilegales han clausurado su actividad.
Este plan de inspecciones a talleres mecánicos está suscrito al procedimiento de colaboración establecido entre la Guardia Civil, Anfac (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) y Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor) para promover la colaboración en tareas, actividades y proyectos que permitan mejorar la investigación de las actividades ilícitas desarrolladas en el ámbito de la reparación y el mantenimiento de vehículos, favoreciendo así su erradicación.
Con estas actuaciones se refleja la gran labor desarrollada por los agentes de la Guardia Civil para evitar la proliferación de establecimientos regentados por personas que, aunque cuenten con conocimientos en la materia, ejercen careciendo de cualquier titulación o licencia de actividad.
Este tipo de actividades ilícitas desarrolladas en el ámbito de la reparación y mantenimiento de vehículos incumpliendo la normativa reguladora suponen un grave perjuicio para toda la sociedad, por cuanto ponen en riesgo tanto la seguridad vial (al realizar reparaciones carentes de control de calidad y garantía) como la seguridad medioambiental (espacialmente en lo referente al reciclaje de productos de desecho).
Además de que constituyen un campo de cultivo propicio para el fraude fiscal y para el incumplimiento de la normativa reguladora de la Seguridad Social y de la de los trabajadores, además de suponer una competencia desleal para las empresas que cumplen todos los requisitos legales vigentes.
