La Guardia Civil de Salamanca investiga a dos veterinarios por un presunto delito de falsificación de documento público tras al ataque que sufrió un hombre de 67 años, Á.V., el pasado 26 de febrero en Santa Marta de Tormes, provocándole la muerte.
Cabe recordar que los hechos se produjeron al mediodía de un domingo junto a la finca Los Galguillos, entre Santa Marta y Nuevo Naharros, donde el cadáver fue descubierto por un vecino que caminaba por la zona. Cinco eran los perros que lo merodeaban, pero se considera que le provocaron la muerte dos, uno de raza presa canario y otro un cruce de pitbull. Su dueño, F.Á.R.M., de 47 años, fue detenido por homicidio imprudente, así como el veterinario que propició que pudiera poseer esos canes, pues al tener antecedentes por narcotráfico la ley se lo impide.
A raíz de este suceso, la sección del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca llevó una serie de investigaciones relativas al control administrativo de identificación y expedición de los pasaportes de animales de compañía perteneciente a perros de razas potencialmente peligrosos.
Según las averiguaciones llevadas a cabo en el marco de la Operación Maxil, se verificaron ciertas irregularidades en la grabación informática del censo de animales de compañía del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACyL) practicadas por los veterinarios que daban de alta a los animales en la base informática, así como las inexactitudes identificativas de la razas de perros cruzados con alguna de las razas catalogadas como peligrosas, puesto que la normativa vigente exige a los veterinarios hacer constar, en los casos de cruce interracial canino, la presencia de la raza peligrosa observada en el ejemplar.
Según explica la Benemérita, el objetivo de estas prácticas fraudulentas era ocultar la verdadera raza dominante en el mestizaje del animal que ampara el documento y perteneciente a una raza potencialmente peligrosa, por otra raza no peligrosa. De esta se manera, exoneraba al propietario y poseedor del animal de cumplir los requisitos legales para obtener licencia de tenencia de animales, certificado de aptitud psicológica y la adopción de medidas de seguridad que hay que tomar con esta clase de perros.
Hasta el momento se han controlado alrededor de un centenar de canes y se ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a dos veterinarios, no descartándose la participación en los hechos de más profesionales, puesto que las investigaciones siguen abiertas.
