La Guardia Civil, después del delito de homicidio imprudente del pasado 26 de febrero de 2017 en Santa Marta de Tormes, inició una investigación, denominada 'Operación Maxil', relativa al control administrativo y documental de perros de razas potencialmente peligrosas.
La consecuencia de ello, después de investigar raza y documentación de un número superior a mil animales en Salamanca y otras provincias, se han encontrado irregularidades que ha desembocado en la puesta a disposición judicial de nueve veterinarios, en calidad de investigados, como presuntos autores de delitos de falsedad de documento oficial.
Esta investigación ha constado en la correspondencia entre las características raciales observadas en los animales y los datos cumplimentados en la documentación para su legal tenencia, así como la correcta grabación de todo ello en la aplicación informática del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León, así como las condiciones de sanidad y bienestar animal de los canes.
La vigente Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y su Reglamento de desarrollo, obligan al poseedor del animal a la obtención de Licencia administrativa, para la cual son requisitos: acreditar la aptitud psicológica, tener suscrito un seguro de responsabilidad civil y carecer de antecedentes penales. Además, los animales deben ser controlados en todo momento en los espacios públicos, mediante la utilización de bozal adecuado y la sujeción con correa o cadena de menos de dos metros.
