La Sala de Penal número Uno de los Juzgados de Salamanca ha acogido durante la mañana de este lunes el juicio a F.J.C.D., acusado de un delito de apropiación indebida por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de un año y medio de prisión. Durante la celebración de la misma ha declarado el acusado, así como cinco testigos, dos de ellos por videoconferencia.
El acusado ha negado los hechos y ha explicado cuál era su proceder cuando desempeñaba la función de encargado y máximo responsable de los caudales de la tienda Carrefour Express ubicada en Gran Vía.
Los hechos se remontan al pasado 8 de septiembre de 2014 cuando un hermano de los dueños de la empresa que gestiona dicha tienda, que ha declarado como testigo por videoconferencia, acudió sin previo aviso a ejercer una función de supervisión. Al llegar comprobó que la llave de la caja fuerte no estaba en el establecimiento sino que la tenía en su casa el responsable, F.J.C.D, que según su relato se encontraba de vacaciones.
Después de llamarle en reiteradas ocasiones, una empleada, que ha declarado como testigo, acudió al domicilio de éste a buscar la llave para que el adjunto a la propiedad pudiera acceder al interior de la caja fuerte de la recaudación y comprobar si las cuentas cuadraban. Cuando la llave obró en su poder y abrió la caja descubrió que faltaba una cantidad de dinero que excedía los 4.000 euros.
Entonces, llamó al acusado y le advirtió de que si no se personaba de inmediato en el local le denunciaría en Comisaría, así que éste acudió y, al llegar, halló un sobre en uno de los cajones de un armario de la oficina que contenía en torno a 2.000 euros, más o menos la mitad de lo que faltaba. Según el acusado, lo encontró después de registrar la oficina para ver si aparecía lo que faltaba. Sin embargo, al testigo le pareció que sabía dónde estaba y que hizo “un poco de paripé”, según su declaración.
Dos de las cámaras de vigilancia, la de acceso a la oficina dónde estaba el dinero y la del interior, estaban desconectadas. El testigo sostiene que fue el acusado quien las desconectó y asegura que lo detectó cuando llamó a un técnico para revisar las grabaciones y éste se lo dijo. Sin embargo, la defensa sostiene que quien desconectó las cámaras no fue su cliente, sino el testigo que estaba solo cuando abrió la caja fuerte, y que ya antes de llegar había hecho ir al técnico.
El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones, ha solicitado sentencia condenatoria para al acusado al entender que él era único que tenía acceso al dinero de la caja fuerte, en la que los empleados podía introducir dinero por una ranura semejante a la de un buzón, pero nunca sacarlo. Además, entiende que la declaración de la testigo que fue a buscar la llave incurre en falso testimonio y ha sido en connivencia con el acusado.
Sin embargo, la defensa ha destacado que no obra entre las pruebas la contabilidad de la empresa en la que aparece el dinero que se reclama. Sostiene que la cantidad curiosamente coincide con la indemnización por despido improcedente que tendrían que abonarle a su representado, además recuerda que si el técnico acudió con el hermano de los propietarios era porque ya sabían que iba a haber una incidencia. Asimismo, ha tildado de falsa la declaración de otro de los testigos que aseguró haber estado presente cuando el hermano de los propietarios abrió la caja fuerte, ya que no era trabajador de esa empresa en ese momento. Algo que ha demostrado presentando la documentación en las diligencias previas. El juicio ha quedado visto para sentencia.
