El Juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca ha acogido en la mañana de este jueves, 9 de mayo, un interesante y a la par complicado juicio contra dos veterinarios acusados de, presuntamente, falsificar los pasaportes de dos perros para ocultar a la Administración que son de raza potencialmente peligrosa, por lo que sus dueños no tendrían que pagar el seguro de responsabilidad civil y hacer frente a otras cuestiones propias de estos canes.
La investigación que desembocó en la imputación de estos dos veterinarios fue realizada por la Guardia Civil como consecuencia de que cinco perros acabaran con la vida de un hombre en un camino de Santa Marta de Tormes.
Los dos profesionales, de iniciales A.L. y J.L., se enfrentan a una condena de 24 meses de prisión el primero y de 15 meses de prisión el segundo, así como una multa económica que ronda los 3.000 euros. Además, de ser culpables sufrirían una inhabilitación para ejercer su profesión.
Durante la vista oral se ha ido detallando que el veterinario J.L.. expidió en 2014 un pasaporte veterinario de identificación a un perro de 13 meses y de nombre 'Zeus', haciendo constar que se trataba de un perro cruce de podenco ibicenco con alano. Así lo cumplimentó en la base de datos de SiaCyL, pero un perito con gran experiencia en identificar perros ha señalado en el juicio sin ningún género de dudas se trata en realidad de un dogo argentino "de baja selección".
El acusado J.L. ha afirmado que su firma en el pasaporte ha sido "falsificada". "El sello es el mío pero la firma del pasaporte no", ha comentado. Lo curioso es que pese a que la firma era fraudulenta, según el veterinario, en el pasaporte figuraba el perro como "dogo argentino", mientras que en el registro oficial de SiaCyL de perros potencialmente peligrosos aparecía como el cruce de razas señalado anteriormente. "Lo único que hicimos nosotros fue cumplimentar los documentos con los datos que nos facilitaban los dueños de los perros. Sólo cobramos diez euros por hacer estos pasaportes. Por diez euros no nos vamos a complicar la vida y a jugarnos cometer un delito y ser inhabilitados", han señalado.
Al dueño de Zeus le paró el Seprona en 2016 durante una jornada de caza en El Cabaco, comprobando que el pasaporte del perro contenía un error a la hora de catalogar la raza en el pasaporte realizado por el veterinario. Curiosamente, ese pasaporte se perdió y fue cuando el dueño acudió al otro veterinario, A.L., para que le cumplimentara uno nuevo. Este veterinario le hizo ver que, efectivamente, el perro figuraba en el pasaporte con otra raza con la que luego aparecía en la base de datos de la Junta, por lo que le indicó que debía acudir a J.L. para que se lo arreglara.
Al avanzar las investigaciones del Instituto Armado, el dueño de Zeus presentó una denuncia de desaparición del perro, que desde entonces permanece en paradero desconocido. El propietario, de hecho, ha señalado a la juez que el perro "se extravió en una cacería".
Otro perro con una raza también falsificada
Asimismo, el otro veterinario, A.L., está acusado de falsificar el pasaporte de otro perro, de nombre Rey, al que hizo pasar presuntamente como cruce de alano y gran danés, cuando en realidad, según el experto que ha comparecido en el juicio, es un pitbull y, por lo tanto, un perro potencialmente peligroso. En su comparecencia como acusado, A.L. ha señalado que a su parecer el perro era tal cruce y que cumplimentó los datos tras hablar con el propio propietario del can, que le dijo que había ido a Portugal a buscarlo y que había visto a los padres, que eran "un alano y un gran danés".
En su intervención, el especialista consultado, de gran veteranía en el mundo de la catalogación de perros, ha explicado a la juez que los dos animales "son claramente de raza potencialmente peligrosa", pero que él considera que "no hay perros peligrosos". "Peligrosas son muchas personas y algunos dueños", ha dicho, señalando además que él cataloga "unos cien perros por semana".
El representante del Ministerio Fiscal ha señalado en sus conclusiones definitivas que ha quedado acreditado que no concuerdan las razas de los perros que aparecía en la documentación con las que en realidad eran. Los dos letrados defensores, por su parte, han mantenido sus peticiones de absolución al considerar que las pruebas no son concluyentes y se está violando, por lo tanto, el principio de presunción de inocencia. El juicio ha quedado visto para sentencia.
