La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido finalmente en la mañana de este martes, 26 de febrero, el juicio contra un abogado, J.R.H., acusado de quedarse presuntamente con 26.500 euros de una compraventa inmobiliaria.
El acusado se enfrenta a una pena de 1 año de prisión, multa de 15.000 euros (20 meses de multa a una cuota diaria de 25 euros) y 2 años de inhabilitación para ejercer su profesión, así como a una indemnización de más de 27.000 euros; por unos hechos ocurridos entre 2012 y 2014, cuando se desempeñó como intermediario en una operación de compraventa inmobiliaria.
El comienzo del juicio, fijado para las 09:30 horas, se ha alargado más de 60 minutos debido a que la defensa, en este caso realizada por el propio acusado, junto a otro compañero, ha solicitado la suspensión afirmando que requería la sustitución de un testigo importante por otro, ya que el primero había fallecido en diciembre; así como la falta de tiempo para estudiar documentos aportados. Sin embargo, el fiscal se ha opuesto "radicalmente" a la suspensión de la vista, indicando que lo que quería el acusado era dilatar más el procedimiento.
Finalmente, después de que el presidente de la Audiencia Provincial rechazara la suspensión, ha dado un tiempo de 10 minutos (que al final han sido 20) para que las partes revisaran una prueba documental propuesta por el Ministerio Fiscal. El juicio debía iniciarse entonces con el interrogatorio de un testigo que debía comparecer desde Palma de Mallorca, pero que no se ha presentado en el Juzgado de aquella ciudad, por lo que el presidente ha suspendido esa comparecencia hasta poder ubicarlo, bajo importante pena económica.
El juicio ha comenzado entonces con el interrogatorio del acusado, que ha explicado que en 2012 era administrador de diferentes sociedades, pero de las que no era socio. En aquel momento, un cliente le indicó que tenía problemas para hacer frente al pago de una "muy alta" hipoteca, que incluía el pago de una vivienda situada en la céntrica calle Sol Oriente y de un chalé de La Fontana. "Yo sabía que otro cliente, que anteriormente había vendido un estudio, estaba buscando casa, y como era el abogado de los dos, les puse en contacto", ha contado el abogado acusado, aunque ha rechazado ser "un intermediario" tal y como le ha preguntado el fiscal. "Lo que hice fue conciliar", ha dicho.
"Les planteé la oportunidad de realizar la compraventa, porque ambos saldrían beneficiados", ha afirmado, mientras que el fiscal le ha preguntado si reconocía diversos documentos que incluían importantes cantidades de dinero y que llevaban su firma, indicando el acusado que el dinero que figuraba se lo había entregado al vendedor en todo momento.
El escrito de calificación previo del Ministerio Fiscal indica que el acusado, de iniciales J.R.H., supuestamente se apropió de una fianza de 20.000 euros y de una indemnización de 6.500 euros de un juicio que tuvo que ver posteriormente con la citada operación. Eso sí, el acusado afirmó que el dinero era lo que debía recibir por sus honorarios.
