La Junta de Castilla y León solicitará al Ministerio de Universidades que revisen el criterio de las becas universitarias de cara al curso 2020/2021 para que “ningún alumno se quede sin estudiar por temas económicos” tras la coyuntura creada a causa de la pandemia del coronavirus.
Así lo ha confirmado la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien ha recordado que las becas universitarias son una competencia estatal y que, si bien la Junta tiene un sistema para complementar con ayudas a todos los alumnos que no reciben ninguna al no cumplir los criterios educativos pero sí económicos, debe de ser el Gobierno el que fije de manera general quién recibe beca.
Rocío Lucas explicaba que el criterio económico de las becas universitarias tiene en cuenta la realización de la Declaración de la Renta del año vencido, por lo que la coyuntura económica causada por el coronavirus no aparecería reflejada “hasta dentro de dos cursos”. Por ello, elevarán una propuesta al Ministerio para que cambie dicho criterio al menos de cara al próximo curso.
Se intentarán reducir las tasas universitarias
En lo que a las tasas universitarias corresponde, la consejera de Educación señaló que en cursos anteriores se hizo el esfuerzo por equipararlas a la media de España pero que “la intención para el próximo curso es ir bajándolas aún más”, si bien tendrán que esperar para saber si es posible realizarlo.
Además, relató que la próxima semana se conocerá la normativa estatal sobre la EBAU y que entonces se reunirá la comisión organizadora en Castilla y León para aprobar los nuevos modelos de exámenes que estarán “adaptados al diseño del Ministerio” y con un mayor grado de optatividad “para que los alumnos puedan demostrar sus competencias y conocimientos sin que se vean perjudicados en contenidos que no estuvieran reforzados”.
De la misma manera, alabó la adaptación de las universidades a la docencia online, destacando la coordinación puesto que “estamos todos remando en la misma dirección”. De hecho, confirmó que la Junta ha renovado todos los contratos del personal investigador vinculado a las universidades y cuyos contratos expiraran durante el estado de alarma.
Sobre el pago de las residencias universitarias, Rocío Lucas matizaba que la Junta no es responsable sino cada universidad, si bien se mostró confiada en que se alcance un acuerdo.
