La auditoría tiene el objetivo fundamental de verificar la situación del estado de implantación del Sistema de Contabilidad Analítica por parte de las cuatro universidades públicas de la Comunidad.
Así, en anteriores informes del órgano de control se viene reclamando dicha implantación para, entre otras razones, posibilitar el cálculo de los costes reales de docencia de cada una de las titulaciones impartidas a efectos de cuantificar los precios públicos de las matrículas a pagar por los alumnos, además de servir de referencia en el análisis de la eficiencia de las universidades públicas en la prestación del servicio público de educación superior para la implantación de nuevas titulaciones.
Mejora de la financiación universitaria
También, el sistema de contabilidad analítica permitiría utilizar los costes de docencia e investigación como instrumento básico en el que fundamentar el nuevo modelo de financiación ordinaria de las universidades públicas por parte de la comunidad autónoma, además de, a partir de los costes de cada una de las actividades de investigación, cuantificar los costes indirectos imputados a las diferentes actividades (contratos, convenios y proyectos de investigación nacionales, regionales y europeos), y con base en ellos adecuar los porcentajes de retención fijados en la normativa universitaria y en las convocatorias de subvenciones autonómicas, mejorando así la financiación de las universidades.
La fiscalización está incluida en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2019 y se va desarrollar de forma análoga a los anteriores trabajos realizados en esta área en colaboración con el Tribunal de Cuentas y otros órganos de control externo autonómicos. El Consejo de Cuentas aprobó en 2016 un informe comparativo de las 4 universidades públicas de la Comunidad en el que se constató la falta de implantación, a esa fecha, del sistema de contabilidad analítica.
Objetivos generales de la fiscalización
1.- Verificar el grado de implantación por las universidades públicas de un sistema de contabilidad de costes de conformidad con el modelo aprobado en 2011 por el Ministerio de Educación. Asimismo, analizar las actuaciones realizadas por la Comunidad a efectos de coordinar, apoyar e impulsar el proceso de implantación.
2.- Analizar si el procedimiento de fijación y modificación de los precios públicos de matriculación en estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales utilizado por la comunidad autónoma se basa en la contabilidad analítica de las universidades, conforme a lo señalado en la nueva regulación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Además, a partir de indicadores obtenidos al efecto, examinar la evolutiva de los precios públicos satisfechos por los alumnos.
3.- Analizar las actuaciones efectuadas por la Consejería de Educación para, haciendo uso de la posibilidad contemplada en la LOU, adaptar el modelo de financiación ordinario de las universidades a la contabilidad analítica de las mismas, así como las medidas aplicadas para garantizar su estabilidad y suficiencia financiera. Examinar, también, la evolutiva de la financiación pública por estudiante.
4.- A partir de la información de los Sistemas de Contabilidad Analítica, sobre todo la relativa a costes de docencia e investigación, verificar su utilidad para posibilitar la adopción de medidas orientadas a mejorar la financiación de las universidades públicas, y la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios universitarios.
5.- Comprobar la repercusión que el nuevo sistema de fijación de precios públicos, fundamentado en la contabilidad analítica universitaria, ha tenido en la financiación por parte del Estado y la Comunidad Autónoma del sistema de becas para la matriculación de alumnos. Y examinar, además, los sistemas de ayudas complementarias de matriculación establecidas por la Comunidad y las cuatro universidades públicas: Burgos, León, Salamanca y Valladolid.
