El Congreso de los Diputados aprobaba el jueves 9 de marzo la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que sustituye al anterior texto de principios de siglo. Esta nueva ley de universidades incluye cambios sustanciales como en la elección de rectores, el derecho al paro académico o la posibilidad de realizar debates ideológicos, entre otras cuestiones. Desde su elaboración, distintos colectivos se han mostrado críticos a esta nueva norma, entre ellos numerosos rectores como el de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que hace un bance negativo de la norma e incluso llega a calificar de “fiasco”.
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Además, el rector de la universidad más antigua de España y ocho veces centenaria, augura el mismo futuro a este texto que comenzó Manuel Castells y ha terminado Joan Subirats que el que ha tenido la ley del ‘solo sí es sí’ en el que se va a conseguir lo contrario de lo que se pretende.
- ¿Cómo valora el rector de la Universidad de Salamanca la nueva ley de universidades?
- Es una norma que pierde la oportunidad de ayudar a que las universidades consigamos nuestros objetivos potenciando más la captación y retención del talento primando la docencia y la investigación de calidad. Se pierde esa oportunidad porque la ley no tiene entre sus prioridades esos objetivos y por otro lado suscita problemas y nos obliga a realizar cambios estatutarios que no van a ser útiles en general. Es una ley negativa, no solo por los errores que se cometen en el texto que los he señalado en el proceso de elaboración de la norma. Siempre se habla de la elección de rector, pero hay otros temas muy importantes, sino por lo que no hace la ley no se potenciará la docencia de calidad, ni se incentiva a los investigadores de mejor rendimiento.
- Ha comentado que usted ha señalado errores durante la elaboración, ¿se ha consultado la norma con los rectores?
- La opinión de los rectores no ha sido determinante en el texto. Aunque se nos haya escuchado cuando hemos advertido con errores que no se debían cometer, pues eso no ha servido para que no se cometan. Los procesos de escucha y participación, pues no deben limitarse a dar la oportunidad de expresarse, sino que los impulsores de una norma deberían tener en cuenta el punto de vista de quien está gestionando las universidades porque la rectoras y rectores no nos representamos solo a nosotros mismos sino que intentamos, en nuestra opinión, sintetizar las perspectivas de múltiples visiones de la comunidad universitaria.
- Uno de los hechos que genera más conflicto es que ahora los claustros podrán debatir sobre cuestiones ideológicas
- Hay que comprender por qué se incorpora esa provisión en la ley sobre los debates ideológicos en el claustro y es porque en Cataluña las universidades hicieron un manifiesto a favor de los presos independentistas y hubo personas de las universidades catalanas que recurrieron a los tribunales contra esos pronunciamientos de los claustros y el Tribunal Supremo les dio la razón, porque dijo que los derechos fundamentales de las personas de la comunidad universitaria que no pensaban como los claustros habían sido lesionados entonces en esa previsión legal, que ahora se ha aprobado lo que contiene en realidad es una medida que intenta eliminar los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo. Así, en general, que los claustros puedan debatir no parece algo dañino, pero si se conocen todos los antecedentes de la norma que están asociados a ese caso y a esa sentencia que dice que pronunciamientos de los claustros ideológicos que polarizan en la comunidad universitaria lesionan los derechos fundamentales de personas de la comunidad, pues entonces se comprenden las reacciones frente a ese artículo de la ley.
- En base a ello, ¿considera que se ha hecho una ley a medida de las universidades catalanas por esa gran cantidad de enmiendas que se han aceptado?
- Las universidades catalanas van a sufrir los efectos de la ley porque tienen a muchos profesores en situación precaria. Lo que sí se protege con esta ley son los intereses de ERC, que es conforme a sus dictados con los que se ha hecho la ley. Sitúa al modelo catalán como un modelo que se quiere diferenciar del resto de España, ya que en cuanto a los efectos negativos las universidades catalanas lo van a sufrir como la que más, pero se protege un modelo diferenciado y eso creo que no le beneficia como si lo hace con los independentistas.
- Uno de los cambios más importantes es la forma en la que se va a elegir rector de manera más abierta y la que podrá concurrir cualquier profesor
- Sí, en realidad es que es menos exigente. Yo creo que la responsabilidad en el Rectorado no debe estar asociada a ninguna situación de personas que todavía no han alcanzado el nivel académico que es la culminación de la carrera. Una persona que todavía no ha alcanzado el estadio final de la carrera académica, que es la condición de catedrático, y que no se llega siempre en una edad muy avanzada, y no han demostrado ese nivel no tiene la misma legitimidad para dirigirse a las comunidades académicas.
- También se elimina la homogeneidad en la evaluación de plazas para el acceso de funcionarios
- Es un grave error. Cuando se hacen las cosas mal, los efectos negativos se reparten entre mucha gente. Un profesor de universidad que sea acreditado por una agencia autonómica se va considerar un catedrático titular de segunda clase, entonces flaco favor le hacen a esos profesores porque va a haber dos categorías de profesores: los acreditados por una agencia nacional que se considerarán de primera clase con la legitimidad y reconocimiento de sus compañeros, y los que acredite la agencia catalana, si se firma el convenio con la ANECA, que el resto de los profesores los veremos distintos.
- En esta evaluación cada comunidad puede poner su normativa ¿cree que va a ser un caso como la EBAU con 17 modelos diferentes y llegue a perjudicar a alguna?
- Lo que dice la ley es que la ANECA establecerá unos criterios generales, pero eso ocurre también con la EBAU, la coordinación es insuficiente y puede ocurrir como sucede con la EBAU, que haya distintos raseros o barras de medir y eso afecta a la igualdad de oportunidades.
- La nueva norma exige la reducción de contratos temporales del 40% a 8% por lo que los profesores asociados dejarían de serlo ¿cómo está la USAL en ese sentido?
- Nosotros no tenemos un problema de precarización del profesorado, hay universidades que sí lo tienen. También hay que pensar que hay muchos profesores asociados que son asociados a las Ciencias de la Salud, que son profesionales sanitarios en el hospital, y por ejemplo a ellos no les afecta y que la mayoría de nuestros profesores asociados, pues son profesionales que tienen otra actividad que no es la universitaria. Donde sí hay muchos asociados precarios, pues no van a tener dinero para estabilizarlos, van a tener un problema de financiación y en todo caso, pues bueno, un acceso masivo de profesores sin las acreditaciones correspondientes a la carrera académica, lo que hace es colapsar las oportunidades para los jóvenes con talento que vienen después.
- Otra novedad importante es el derecho al paro académico
- Es algo que está bien. Regular que los estudiantes puedan ejercer sus derechos, pues no es algo negativo y ahora hay que realizar un marco regulatorio. Me parece que todo lo que sea generar unos marcos adecuados de ejercicio de los derechos es positivo.
- Usted ha llegado a comparar esta norma con la ley del ‘solo sí es sí’ en el sentido que va a conseguir lo contrario de lo que se busca con ella
- Es un claro caso de fiasco, es decir, se quiere hacer una cosa y se consigue otra. La ley dice que quiere promover la empleabilidad de los estudiantes o que quiere promover la adaptación del sistema universitario español al marco europeo, pero sus medidas concretas conducen a resultados distintos. Por ejemplo, la mayor parte del sistema de los sistemas universitarios europeos de referencia, en Portugal, por ejemplo, los grados tienen una duración distinta a los españoles y no se ha hecho nada para corregir eso. Entonces puede que en Portugal un determinado grado sea de tres años y en España de cuatro y si un español estudia ese grado de tres años en Portugal tiene la misma validez, cuando los estudiantes españoles estamos exigiendo cuatro ¿Eso es adaptarnos al sistema europeo? pues no, es separarnos del sistema europeo. Todavía en el sistema universitario español estamos en muchos aspectos en la situación aquella de los ferrocarriles que los anchos debía eran distintos en España respecto del resto de Europa.
- Uno de los principales debates es que se requieren muchos cambios en poco tiempo ¿cómo se van a afrontar?
- Para la adaptación de los estatutos hay dos años que es un tiempo extenso pero si se agotaran se estaría dejando a la Universidad en un tiempo demasiado largo en una situación transitoria. También hay plazos transitorios para la adaptación a las nuevas fórmulas de selección de profesorado; hay un periodo de adaptación que vamos a intentar gestionar desde el consenso y la participación de los sectores implicados.
- Ha comentado antes que a los rectores se les ha escuchado pero no tenido en cuenta ¿qué la falta a la ley a su juicio?
- Que las prioridades hubieran sido las que los documentos europeos marcan como los grandes desafíos del momento para la universidad: colaboración con el sistema productivo para favorecer la empleabilidad, fomento de la innovación, incentivos en la calidad docente, el sexenio de docencia, que es un incentivo para que los profesores le dediquen mucho más esfuerzo que ya lo hacen, pero que sean reconocidos por ello a la atención a los estudiantes, una carrera académica más predecible, no cambios de figuras y desde luego nada relacionado con la desintegración, es decir, evitar esa desintegración reconociendo modelos diferenciales por comunidades autónomas. Todo eso le falta a esta ley.
- A pesar de ello también ha destacado cuestiones positivas
- Sí, no quiero terminar con el mensaje de que todo es negativo. Se prevé la evaluación del desempeño para el personal técnico de gestión y administración y servicios, todo lo que sea reconocer derechos de los estudiantes, a mí me parece bien. No todo es negativo, pero el balance entre el daño que hace la ley a las instituciones universitarias en nuestro sistema universitario y los beneficios parciales que puede traer, el balance final es negativo.
